De acuerdo con los especialistas, la ley de tránsito 241 sí otorga facultades a las autoridades para determinar un destino final a la voluminosa cantidad de vehículos y chatarras que almacenan en varias dependencias. Son tantas que ya tienen dificultades materiales para retenerlas.La mayoría de esos aparatos están ahí porque sus dueños o usuarios no los retiran. Es una vieja historia que ha estado acompañada de sucesivos o continuos llamados de las autoridades a quienes se asumen con derecho sobre los mismos para que pasen a recogerlos.
Es interesante preguntarse: ¿por qué llegaron esos aparatos a las instalaciones de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)? Eso tiene también su historia. Muchos de sus usuarios fueron sorprendidos en conflicto con la ley. Apreciable cantidad de los vehículos tienen chasis limados. En otros casos, “sus dueños” nunca han presentado documentación para reclamarlos. Y una inmensa cantidad no se atreve a volver por ellos. ¿Por qué? Eso hay que averiguarlo.
Lo que no debe la AMET en forma arbitraria es incautarse de un aparato de motor porque un conductor viole la ley de tránsito. Ni siquiera deben retenerlo. El procedimiento a seguir está establecido en la ley, y es una rutina. Se paga una multa o los tribunales deciden si se entiende que la autoridad no está aplicando la ley de manera correcta.
Podría hablarse de considerar cada caso, pero tememos que eso resulta ya imposible. Nada más hay que ver lo que ha ocurrido para entender que a esos vehículos o chatarras hay que darles salida. Es que no hay reclamantes.
La solución puede ser considerada desde una perspectiva práctica, en atención a la ley. Debe evitarse el desconocimiento de los derechos de las personas, pero el problema tiene que ser encarado.
No parece que en este caso las normas fundamentales estén a riesgo. Simplemente, se aplica la ley.
