Los gobiernos ya no les hacen caso a las protestas

Unos años atrás cada vez que una comunidad tenía una necesidad insatisfecha lo primero que hacía era una protesta, que incluía obstrucción del tránsito, quema de neumáticos y lanzamiento de escombros a las vías, quedando como resultado uno…

Unos años atrás cada vez que una comunidad tenía una necesidad insatisfecha lo primero que hacía era una protesta, que incluía obstrucción del tránsito, quema de neumáticos y lanzamiento de escombros a las vías, quedando como resultado uno que otro herido y hasta muertos a veces. De su lado, gremios como el de los médicos, maestros, enfermeras y choferes recurrían al paro de sus labores. En los dos casos, la respuesta era siempre la misma e igual de efectiva: de inmediato el Gobierno nombraba una comisión que se reunía con el representante de los manifestantes y se comprometía a atender sus demandas o “reivindicaciones”, como se les denomina, lo cual casi siempre ocurría y volvía la felicidad a ambos sectores.

Pero como todo en la vida cambia, esa dinámica ya no funciona así, al menos en lo que respeta a la actuación de la segunda parte, que en este caso son las autoridades, y que en los últimos años se han hecho de la vista gorda con la mayoría de las manifestaciones que se realizan sin importar de dónde provengan y qué demanden. Ya el Gobierno no pone “el oído en el corazón del pueblo”, como se solía decir y ahora las protestas van y vienen por todos los puntos del país sin los resultados esperados, lo que conlleva en una frustración en los sectores que las auspician, pues las tenían como el único mecanismo para ser tomados en cuenta, ya que llegar al Palacio Nacional no es tarea fácil y mucho menos entrevistarse con el Presidente.

En los tres años y medio que tiene el presidente Danilo Medina hubo una época en que la casa de gobierno se convirtió prácticamente en un punto de peregrinación. Ahí acudieron y siguen haciéndolo, aunque en menor medida, todo tipo de manifestantes, desde los cañeros, desalojados, estudiantes, médicos, profesores y hasta un grupo de ciegos que se quedó por semanas apostado en un parquecito cercano en vigilia permanente en reclamo de que le fuera asignada una suma de dinero que se le había retirado a su fundación.
Con el caso de los cañeros, el drama parece eterno y ahora, este grupo de ascendencia haitiana y que ha logrado una parte de sus demandas, amenaza con extender sus protestas a las actividades que realice el mandatario. El grupo, compuesto en su mayoría por envejecientes enfermos, lo que reclama ahora es una pensión.

De su lado, los médicos siempre han luchado por mejores salarios, al igual que los hospitales estén mejor equipados y abastecidos de medicamentos y reactivos para las analíticas. A su lucha se suma ahora que el Gobierno les asigne el 5% del PIB, como está establecido en la ley. Su reclamo se recrudeció luego de que Medina le otorgara a Educación el 4%. Con el retorno de Waldo Ariel Suero al Colegio Médico Dominicano (CMD) la situación se ha caldeado al punto que, desde la semana pasada, comenzaron los paros en los hospitales, con la advertencia de que no se detendrán hasta lograr lo exigido. Igual situación pasa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que está paralizada hace más de una semana en reclamo de un aumento salarial para los maestros. El pedido ha llegado, igual que en ocasiones anteriores, al Palacio Presidencial, mientras los alumnos siguen perdiendo docencia y el Gobierno no dice «ni pío».

El caso de las protestas en las afueras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) es otro capítulo. Ahí no ha valido nada y ha pasado de todo: cadenas humanas, enfrentamientos entre los manifestantes y policías, desautorizaciones para manifestarse en el lugar y mucho más. Todo con el propósito de que el lugar sea cerrado luego del suicidio de un ingeniero que destapó una supuesta red de corrupción que operaba u opera en la entidad para otorgar las obras y para erogar los pagos. Las autoridades se han hecho sordas y han jugado a dejar todo al tiempo y esperar que el escándalo pase y que los manifestantes se cansen. No obstante, la cadena humana que realiza el movimiento Poder Ciudadano se ha trasladado del lugar y ahora pide otras reivindicaciones, como son una reducción mayor en el precio de los combustibles, así como en la tarifa eléctrica. Todavía no ha tenido una respuesta positiva a ninguno de sus reclamos.

¿Por qué ya no son efectivas las huelgas?

El fenómeno es atribuido a varios factores por expertos, entre los que citan la “desmovilización” de las masas, “el copto o conquista” de los líderes comunitarios de parte del Gobierno, así como el crecimiento demográfico experimentado por el país, entre otros.

Para el sociólogo y coordinador general de Participación Ciudadana, Cándido Mercedes, la situación se está dando desde hace varios años, debido a que los gobiernos se han dedicado, y han logrado, debilitar el liderazgo gremial y a los grupos sociales. “Lo que ocurre es que en la República Dominicana hay una desmovilización en los sectores colectivos”, adujo y agregó que “uno de los grandes logros del PLD es como ha ido desmontado a los líderes comunitarios de las diferentes provincias”. Explicó que para lograr eso, el Gobierno simplemente se ha empleado a fondo en conquistar a los grandes líderes opositores que le hacían huelgas.

“¿ Cómo? Yo te voy a cotar (conquistar), te digo, mira Cándido, esto es tuyo, tú vas a trabajar aquí y yo que era un militante tengo que desmontarme. Eso hace que tú te repliegues y dejes ese espacio de lucha porque ya tú estás trabajando en el Estado”.

Dijo que en ese fenómeno, “el PLD ha tenido una muy buena capacidad para
desarticular, incluso, a todos aquellos que tienen la forma para crear opinión pública”. “Si tú buscas intelectuales que escribían y que ahora no escriben, te darás cuentas que están como asesores, consultores o trabajando en el Gobierno, así hay muchísimos”, señaló.

Puso como ejemplo en el tema gremial, que el partido de gobierno siempre ha contado con la mayoría de ellos, “y eso es cotarlo”. “El presidente que salió del gremio médico era peledeísta, eso se llama cotar a los gremios; el presidente de la ADP es peledeísta y diputado y miembro del Comité Central del PLD. Por eso los van desarmando; el rector de la UASD es peledeísta y eso hace que su visión sea diferente cuando se es contestatario”, detalló.

De su lado, Dilenia Medina, encargada de la Unidad de Sociedad Civil del Observatorio Político de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), señaló que además de la desmovilización influyen elementos como el cambio geográfico experimentado por el país y la parte coyuntural de las demandas.

“Es como que hay una desmovilización, además hay que tener en cuenta que las acciones colectivas (como llaman a las manifestaciones o protestas) son coyunturales y momentáneas, es decir, están pidiendo por algo específico de una necesidad de un momento de una población”, adujo.

Medina, quien también es catedrática en la universidad Intec, agregó “tiene que haber más protestas porque hay menos respuestas. Además hay que tomar en cuenta el crecimiento demográfico, como han ido creciendo las comunidades, crecen también la vulnerabilidad a sus derechos y esperan soluciones a sus problemáticas”, planteó.

Las cifras

En los primeros seis meses del 2015, en el país se produjeron 573 manifestaciones, de acuerdo al último informe del Observatorio Político Dominicano de Funglode.

Estas “acciones colectivas” superaron en 153 las registradas en el 2014 en igual periodo, cuando se produjeron 420, lo que implicó un incremento de un 27%. El informe señala, asimismo, que febrero fue el mes más activo con 120 manifestaciones; seguido de abril con 117 y mayo con 98. “Los meses con menor actividad fueron enero (76), marzo (74) y junio (88)”, acota el documento.

Reclamos de los manifestantes

De acuerdo al mismo informe, las infraestructuras u obras ocupan el primer lugar con 161 (28.10%), le sigue agua potable con una desigualdad notable, pues se registraron 59 protestas para un 10.30%; luego energía eléctrica con 46 y un porcentaje de 8.03; justicia por muertes violentas 28 (4.89%); aumento salarial 25 (4.36%); contra desalojos 15 (2.62); aumento de pensiones 11 para un 1.92 y otras no especificadas 228 acciones para un 39.79.

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