¿Es para la seguridad ciudadana o injerencia aquello de que USAID utilizará US$6.4 millones para un proyecto destinado a “…aumentar el compromiso de la sociedad civil en la mejora de las políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito en el país”?
El proyecto de tres años de duración fue presentado “…por el Encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Patrick M. Dunn”. Dice que:
“De manera específica este proyecto busca trabajar de manera conjunta con las instituciones claves de la seguridad ciudadana, tales como la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Defensa Pública mediante el establecimiento de observatorios nacionales y locales y las articulaciones de redes ciudadanas de apoyo a los esfuerzos del Gobierno de la República Dominicana”.
Más aún “… que el trabajo mancomunado permitirá una mejora en el desempeño de las instituciones de seguridad ciudadana. También el aumento de la protección de los derechos humanos y prevención de la violencia de género”.
Lo primero es que con 6.4 millones de dólares, que son menos de 293 millones de pesos, no se resuelve nada en el tema de la seguridad ciudadana; sólo la PN requiere de 157 millones de dólares para modernizarla.
Lo segundo es que las políticas sobre seguridad ciudadana puestas en ejecución por los EE.UU. en países aliados han sido un fracaso y el más relevante, ruidoso y reciente fue el “Plan Mérida” en Méjico y Centroamérica. En Méjico la inversión fue de 400 millones de dólares anuales, durante seis años; es decir, 2 mil 400 millones de dólares.
La tasa de criminalidad rondaba para cuando empezó el “”Plan Mérida” en algo menos de 10 crímenes por cada 100 mil habitantes; lo que se tiene ahora es una tragedia.
Una de las quejas de las autoridades mejicanas, antes y durante la ejecución del “Plan Mérida” era que los mismos norteamericanos en un comercio ilegal vendían armas al crimen organizado equiparadas a las que utilizan los militares y de mayor efectividad que las de la policía de aquel país.
Debido a que como las instituciones norteamericana manejaban los recursos, los destinaban en material bélico y personal militar, dejando a un lado a las instituciones mejicanas y en especial a las que por su naturaleza debían ser fortalecidas para combatir el crimen.
Todo derivaba, en consecuencia, en un enfrentamiento militar tradicional e insurreccional contra el crimen como si fuera una intervención militar que ha dejado más de 80 mil muertos, sin resolver el problema y más bien se ha agravado.
Los EE.UU. realizan hacia adentro, en sus Estados, políticas públicas sobre seguridad ciudadana que son adecuadas; por ejemplo, es mucho lo que nuestra PN puede aprender de la Policía de New York y la Policía de New Jersey, las cuales han estado muy dispuestas. Igual para la formación académica, la Universidad John Jay College que ha desarrollado excelentes programas académicos.
Es evidente que el propósito de USAID es crear mecanismos de presión política para obligarnos a hacer lo que ellos quieren, porque si fuera sobre seguridad ciudadana convocaran esas y otras instituciones norteamericanas para colaborar de manera “conjunta” en la ejecución de proyectos sobre el tema. Pero no se trata de colaboración para superar la violencia y criminalidad, sino de intervenir en otros asuntos internos. l
