El financiamiento político público en la República Dominicana, necesita mayor nivel de fiscalización y debe estar sujeto a los mecanismos de control de la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Contrataciones Públicas y la propia Junta Central Electoral.
En el caso de la JCE en la práctica ha sido mínimo el control y supervisión que ejercen sobre los partidos políticos, no obstante sus facultades y competencias, entre ellas, pueden “anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos o medios del Estado”.
En relación a la Cámara de Cuentas, la ley No. 10- 04 y su reglamento de aplicación, establece que tiene calidad como órgano instituido por la Constitución con carácter principalmente técnico, tiene personalidad jurídica instrumental, correspondiéndole el examen de las cuentas generales y particulares, mediante auditorías, estudios e investigaciones especiales para informar a quienes sea de rigor, estando sujetos los partidos políticos, movimientos políticos e instituciones que reciban o manejen fondos públicos, a la competencia de la Cámara de Cuentas.
Además, urge mayor cumplimiento de la Ley 340-06 de Contrataciones Pública, es útil la adopción de mecanismos que obliguen a los partidos políticos a rendir cuentas del uso de los fondos recibidos con un amplio sistema de consecuencia.
Los partidos políticos no pueden seguir de espaldas a los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas que un contexto democrático exige; no es posible que aún persisten en operar bajo criterios de opacidad y manejos oscuros de los asuntos de interés colectivo, transgrediendo todas las exigencias de rendición de cuentas y transparencia. l
