El Tribunal Constitucional (TC) conoció ayer 10 expedientes de acciones directas de inconstitucionalidad, entre ellos, el interpuesto por tres asociaciones del sector bancario y financiero del país para que la Ley de Notariado 140-15 sea excluida del ordenamiento jurídico. En audiencia pública, el máximo tribunal dejó el caso en estado de fallo, tras conocer los argumentos de los accionantes; la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), la Asociación de Bancos de Ahorro, Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) y la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), así como de los intervinientes y los representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, de donde emana la norma atacada.
El conocimiento de la referida acción, que busca variar las tarifas de los costos por concepto de honorarios profesionales de los notarios, ocasionó un acalorado debate en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al enfrentar mediante argumentos encontrados a la Procuraduría de la República y al Colegio Dominicano de Notarios, que piden al TC rechazar la demanda interpuesta por los bancos, con el Senado y la Asociación de Alguaciles Unidos, que apoyan la derogación de la legislación.
La situación llevó al presidente de la alta corte, Milton Ray Guevara, a interrumpir la sesión para advertir que el TC no acepta “ni presiones ni ningún tipo de manifestación” que sea tendente a menoscabar el derecho de los que participan en la audiencia y tampoco a atentar contra la dignidad y la sapiencia del TC.
“Aquí se viene a pedir respeto a la Constitución y en consecuencia si se viene a pedir respeto, se debe de respetar el debido proceso”, advirtió Ray Guevara luego de que la representante del Senado fue abucheada por abogados que asistieron a la audiencia, entre ellos, alguaciles que piden sea anulado el artículo 51 de la ley, al considerar que lacera sus funciones.
Declara urgencia recurso contra JCE
En la audiencia, el TC también declaró la urgencia y dejó pendiente de fallo un recurso de inconstitucionalidad sometido por el Movimiento Independiente, Unidad y Progreso (MIUP) el cinco de febrero del 2015 contra la resolución 5-2015 de la JCE sobre la votación en los distritos municipales para las próximas elecciones.
“En virtud de la fuerza mayor que representan el calendario y el cronograma de la JCE, el tribunal no acordará el plazo solicitado (por la parte accionante), y en consecuencia el tribunal procederá de conformidad con los artículos 41 y 43 de la ley orgánica”, precisó Ray Guevara.
Se reserva fallo sobre la demanda reglas de salud
El TC también se reservó el fallo del recurso interpuesto por la sociedad comercial Farma Value contra los artículos 4.18 y 8.5.1.1 de las normas particulares para la habilitación de los establecimientos farmacéuticos, dictados por el Ministerio de Salud Pública y el párrafo del artículo 177 del decreto 246-06 del Reglamento General de Salud que regula la fabricación, elaboración, control de calidad, suministro y comercialización de los medicamentos.
