El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Kenya Romero, fusionó los expedientes de los imputados Arsenio Quevedo, el exregidor de Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís, Amaury Cabrera Martínez, Félix Lora de Jesús y Cristino Batista Roa.La fusión se ordenó, debido a que se encontraron evidencias que pudieran conducir a relacionarlos en la comisión de los delitos de asociación de malhechores, asesinato, lavado de activos y porte ilegal de armas.
Ahora, la magistrada deberá fijar fecha para una nueva audiencia a fin de conocer el juicio preliminar para que el Ministerio Público presente la acusación formal y los elementos probatorios, que serán evaluados para determinar si se irá o no al juicio de fondo. Durante la audiencia de ayer, el Ministerio Público notificó a las partes del proceso sobre la acusación formal de los imputados.
Acusación
Rezan las acusaciones, fusionadas en un documento de 49 páginas, que “el imputado Arsenio Quevedo, quien es presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafín), recibe un subsidio del Estado dominicano de 520,000 galones de combustibles al mes, los cuales utiliza para estafar al Estado dominicano y lavar activos provenientes de esta actividad” y que de acuerdo a la investigación se determinó que, “más del 68% de ese combustible no llega a los choferes, sino que es vendido por el imputado a través de una red de tráfico de combustible en la comunidad de Pedro Brand y que por esta situación, existían conflictos entre los sindicatos al que pertenecen los imputados Arsenio Quevedo y Erinson de los Santos Solís”. Además, establece que producto de esos conflictos, se “destapó el inicio de una serie de casos de sicariato explicados en la solicitud de medida de coerción”.
Exregidor de Pedro Brand sigue tras las rejas
El pasado mes de enero, se dictaron otros tres meses de prisión preventiva para el exregidor de Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís, en calidad de cómplice, por el asesinato de Vladimir Estarlin Martínez Ruiz, ocurrido en diciembre del 2014. El juez Julio Aybar ordenó que esta medida fuera cumplida en el centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
