La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia) Michelle Cohen, informó ayer que esa institución hace esfuerzos para lanzar un ambicioso programa de cumplimiento voluntario y otros esfuerzos para colocar el tema de la competencia como una política de Estado.
Son dos de los desafíos más grandes que tiene el organismo actualmente. “A raíz del foro pasado y de las preocupaciones que surgieron, hemos venido desarrollando un programa y lo hemos ido compartiendo con agentes económicos y asociaciones preocupados porque la agencia de competencia le sea una herramienta de alta utilidad a República Dominicana, como está llamada a ser”, planteó la funcionaria, entrevistada en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe.
El foro que refiere fue el realizado en febrero pasado, en el hotel Embassy Suite, de la capital. Cohen explicó que el programa de cumplimiento voluntario es un mecanismo cada vez más generalizado en el mundo; una iniciativa que el país está asumiendo.
Originalmente, se creó la idea de que las empresas voluntariamente se acercasen a las agencias de competencia a compartir sus planes de negocios y sus planes de ventas, en los que promuevan prácticas competitivas y no prácticas anticompetitivas. El cumplimiento voluntario es un mecanismo para que los agentes puedan ser asesorados y guiados por Pro Competencia y además puedan evitar el alto costo económico y moral que puede significarles una sanción. Cohen indicó que la decisión sobre el programa la tomó el Consejo Directivo de Pro Competencia y que eso se venía discutiendo desde el año 2015.
“Es el momento oportuno. Muchas voces se han pronunciado en torno a la necesidad de que el país sea uno donde las prácticas competitivas sean la norma. De modo que entendemos propicio que todas esas empresas, asociadas en las principales asociaciones del país, se aboquen a transparentar su dinámica de venta y cuáles son las decisiones que toman para ser más competitivos dentro de los mercados”, expuso.
Michelle Cohen habló “largo y tendido” en el encuentro de ayer y palabras no le faltaron para responder cada una de las preguntas formuladas. Advirtió que “estamos mal” si desde algunos sectores se puede promover poca transparencia empresarial.
“Significa que no podríamos avanzar, no solo en materia de competencia, sino en materia económica. Sería muy triste escuchar que las empresas se opusiesen a generar mayor transparencia en la forma de conducirse. Creemos que prioritariamente lo que buscan las políticas de competencia, que deben generarse desde el Estado, es que nuestras empresas sean cada vez más democráticas y transparentes, así como exigen esa misma conducta al Estado”, expresó.
La funcionaria de Pro Competencia aseguró que muchas áreas de la economía dominicana no funcionan bien y dijo que la institución ha priorizado algunas de ellas. Afirmó que el organismo sí está trabajando y funcionando, a pesar de la percepción de que no lo hace.
“La ley tiene dos mandatos primordiales, que son: la abogacía y promoción de la competencia, y la defensa de la competencia. En materia de abogacía estamos llamados a promover la legislación y a promover normas y prácticas competitivas dentro de los sectores productivos de la nación, así como dentro del Estado”, expuso.
Para diferenciar lo que es “la abogacía” y lo que es la defensa de la competencia, explicó que la primera es el trabajo que se hace con el Estado, mientras que la defensa es la problemática de prácticas anticompetitivas. Es decir, que hay dos vías para el abordaje de una problemática. Cuando hay un problema de competencia no se abordan necesariamente los dos casos. Cohen sostiene que en el caso dominicano sí. “Hay problemas desde el Estado y entre los mismos competidores o quienes están sirviendo ese mercado”, advirtió.
En la parte de abogacía de la competencia, Pro Competencia ha visto y conocido el caso de la habilitación de establecimientos farmacéuticos, el tema de los medicamentos genéricos, la ley 28-01, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo; la parte de promoción de cultura de competencia con instituciones que intervienen en el mercado de la carne de pollo y lo relativo a incentivos otorgados por el Gobierno a los sindicatos de transporte urbano e interurbano de pasajeros y de cargas. También, la parte del fallo de la jurisdicción laboral de Santiago, respecto al Sindicato de Furgoneros de Puerto Plata; las condiciones de competencia del transporte aéreo de pasajeros de República Dominicana, el caso del arroz y el mercado eléctrico.
La educación llega hasta las pequeñas empresas
En la parte de educación, Pro Competencia ha incluido a las asociaciones empresariales y a la “masa media productiva”, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de un sinnúmero de asociaciones y de organizaciones. “Estamos también educando al sector judicial, a los integrantes de la judicatura, en materia de competencia”, apuntó la funcionaria, en respuesta a preguntas formuladas por el director de elCaribe, Osvaldo Santana, quien dirigió la entrevista. Michelle Cohen trató muchos aspectos sobre el área de su competencia y entre un punto y otro, resaltó que educar a más de 25 sectores es un reto y que estudiar un sector es altamente costoso, mucho más aún en una materia tan técnica como la competencia.
“Usted sabe bien lo que le falta a Pro Competencia”, le dijo Cohen al subdirector del diario, Héctor Linares, cuando éste le cuestionó sobre debilidades que tiene la institución que ella representa. En el encuentro participó también el jefe de Redacción de Apertura de elCaribe, Héctor Marte.
¿Cuándo será nombrado el director ejecutivo?
Michelle Cohen no acudió sola al encuentro de ayer. La acompañó su asistente, Ocirema Caminero, y Kleiner López, encargada de Comunicación de Pro Competencia.
Cuando la presidenta del Consejo Directivo de Pro Competencia dijo “lo que le falta” a ese organismo, se refiere al director (a) ejecutivo pendiente de nombrar, y elemento que ha generado grandes críticas desde distintos sectores, especialmente, del empresarial. El nombramiento es responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Hasta ahora, en el consejo directivo de Pro Competencia figuran la propia Michelle Cohen, Esther Aristy, Magdalena Gil, Marino Hilario y Antonio Rodríguez Mansfield.
El personal que labora en Pro Competencia es interdisciplinario, básicamente conformado por abogados y economistas. Hay también mercadólogos y financistas, entre otros. El personal base de la comisión lo conforman unas 50 personas. Es la cantidad que normalmente tiene una agencia de competencia del tamaño de la existente en República Dominicana, calculó Cohen.
Desde agua hasta pollo, bancos, AFP y las ARS
En lo concerniente al mandato de defensa de la competencia (que contempla la Ley 42-08), la institución ha conocido el tema del agua embotellada, el pan, el caso de la carne de pollo, el cemento, el transporte de carga en el país, el caso del gas natural, el tema de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), de las administradoras de riesgos de salud (ARS), los bancos comerciales y los seguros y lo relativo a la fusión de la empresa Ambev.
Girando un poco la conversación, Michelle Cohen dijo que Pro Competencia ha educado a una sociedad civil silente que no ha sido capaz de defender el derecho a la libre empresa por desconocimiento; ha desarrollado un programa de formación a través de una escuela de altos estudios, ha desarrollado estudios en 25 sectores económicos, ha firmado acuerdos con los órganos reguladores y está educando al Estado mismo y al Gobierno.
