¿Cómo verán a la República Dominicana desde otras latitudes, donde los jueces son ciudadanos tan honorables que a nadie siquiera se le ocurre imaginar que se atreverían a entrar en conflicto con la ley? Más aún, en sociedades más cercanas, que tienen entre las víctimas a jueces que jamás se plegaron al crimen, y que, conscientes de los riesgos se atrevieron a dictar sentencias que les costaron la vida. ¿Qué dirán ante los dolorosos casos que sugieren que tenemos administradores de justicia en conflicto con la ley?
Sabemos que muchas dignidades se han degradado. Los representantes de la comunidad ante la Sala Capitular de antaño, que eran ciudadanos voluntariosos que sin cobrar un centavo servían como garantía de una administración municipal decente, han devenido en parte de una burocracia costosa que gasta millones de pesos para alcanzar esos puestos.
Eso tampoco habla bien del momento que vivimos. Pero el drama más grave, el que estremece las bases de la sociedad, es el que a veces envuelve a un juez de la República, porque ese ente es el que ha de asegurar la convivencia civilizada. Una caída de un juez, por más pequeña que sea la jurisdicción en que ocurra, constituye una herida profunda a la sociedad.
Imaginamos que los jueces convertidos en piedra de escándalo comprenden el daño que provocan. Encarnan la ley y se prestan a burlarla.
Eso es intolerable.
Estamos conscientes de que la mayoría de los jueces son buenas personas. Pero los malos actos de unos pocos afectan la imagen de la institución, y por ende, de sus miembros.
Quienes cargan en sus hombros una dignidad tan enorme como ser juez, deben hacer un acto de introspección: Verse una y otra vez a sí mismos, decirse si pueden continuar con tan alta y noble honra. Y si tienen alguna duda, que dejen el cargo. Contribuirían enormemente al bien social y le evitarían más frustraciones al sistema judicial y a la población que se siente frustrada cuando un servidor de esa dignidad traiciona su deber.
Ser juez, en cualquier parte del mundo, es un elevado honor.
