Nada más peligroso que tomar decisiones al calor de las circunstancias, dejándose guiar por las emociones humanas. Esto naturalmente es peor cuando se trata de decisiones de Estado que comprometen a toda una Nación y cuyas consecuencias no se limitan al ámbito nacional por la insoslayable conexión entre los países del mundo.
La solución de un problema jamás debe consistir en crear uno mayor, y esto es precisamente lo que ha acontecido con la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que queriendo resolver el histórico desorden migratorio existente en nuestro país, por irresponsabilidad y complicidad de nuestras autoridades, ha creado uno mayor, del cual no saldremos hasta tanto no se acepte que los efectos de dicha sentencia no pueden ser retroactivos.
Probablemente la mayoría de las personas que opinan sobre la sentencia no la han leído y algunos de los que la han leído o no la han entendido en su justa dimensión o la pasión les ha nublado la razón; pues todos deberíamos estar alarmados ante el hecho de que se puedan desconocer retroactivamente derechos.
Desde hace décadas muchos dominicanos estaban preocupados por la cantidad de indocumentados haitianos que había en el país, aunque muchos bajo una doble moral, han sacado provecho de esa mano de obra ilegal.
El fallo del Tribunal Constitucional se convirtió entonces en la acción que desde hace tiempo esperaban, en la clarinada que anunciaba que finalmente el Estado Dominicano iba a cumplir su rol. Lo que no advirtieron la mayoría de esas personas fue el vicio estructural que el referido fallo tiene, el pretender retrotraer sus efectos al pasado, lo que a pesar de los esfuerzos realizados por los redactores del mismo, es indefendible.
El error del gobierno fue montarse en la cresta de la ola que generó la sentencia impulsado por el apoyo emocional a la misma de gran parte de la población, sin detenerse a razonar que no todo aquello que parece bueno lo es, ni todo lo que goza de respaldo es justo.
Luego de peregrinar por ante nuestros socios fundamentales intentando convencerlos de la legalidad de la sentencia y del buen comportamiento de nuestro país para con nuestro vecino, finalmente nuestras autoridades se han dado cuenta que carecen de argumentos válidos para convencerlos, mientras nuestros socios poseen la poderosa arma de amenazar con retirarnos sus apoyos, de no resolverse satisfactoriamente la situación creada.
Algunos advertimos desde el principio que el Presidente tendría que tener su carta bajo la manga para poder salir de este laberinto en el que, por un lado tendrá que enfrentarse a la posible pérdida de beneficios internacionales y, del otro, a la oposición de los enardecidos defensores de la sentencia. La hora de la verdad llegó y lo que se necesita es de sinceridad para transmitir un mensaje claro de lo que representaría para el país no encontrar una solución aceptable por la comunidad internacional. Se requerirá de mucha sangre fría para tomar las decisiones correctas y dejar de lado las pasiones, las que siempre son malas consejeras, aquí y en cualquier parte del mundo.
