El procurador general, Francisco Domínguez Brito, aseguró que continúan investigando a seis congresistas electos, entre diputados y senadores, que posiblemente reciben dinero proveniente del lavado de activos, producto del narcotráfico.
El magistrado señaló que el Ministerio Público está obligado a darle seguimiento a legisladores que, se presume, están ligados al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y advierte seriamente que en todos estos casos habrá seguimiento.
“Estaremos vigilantes, no sólo al patrimonio y a posibles acciones tendientes al lavado, sino también a acciones que puedan hacerse desde el Congreso y que puedan en un momento determinado erosionar, impedir o golpear, a través de nuevas legislaciones, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico”, señaló.
Domínguez Brito señaló que constitucionalmente no se puede decir ningún nombre, ni impedir su elección, ni su juramentación, “pero nadie nos puede impedir que le demos seguimiento a cada uno de ellos, a su patrimonio y a las acciones que puedan ejercer”, aseveró.
Por otra parte, el Procurador destacó que el tema de la posible reforma fiscal debe ser instrumento para golpear la corrupción y propuso que quienes reciben fondos públicos sean sancionados con agravantes si no hacen las declaraciones correctas o si evaden impuestos.
“Debe agravarse con sanciones penales, no civiles como es en la actualidad, a todos aquellos contratistas o funcionarios que mientan al fisco y que evadan impuestos, como una situación agravada como si fuera desfalco o malversación de fondos o como si fuera uno de los tipos más graves de corrupción”, reiteró.
Agregó que cuando se plantee la reforma fiscal, no debe dejarse por fuera el tema de la transparencia y del régimen de consecuencias y adelantó que esta lucha se fortalecerá con las leyes de Extinción de Dominio, de Lavado de Activos y la reforma al Código Penal.
“Observamos en materia de transparencia que muchas veces las declaraciones juradas de bienes no coinciden con las declaraciones impositivas que se hacen ante la Dirección General de Impuestos Internos y eso sucede porque no hay definido un régimen de consecuencias claro”, dijo.
