Cristina se defiende ante avance de justicia

Buenos Aires. La expresidenta argentina Cristina Fernández acusó de persecución política al gobierno de su sucesor Mauricio Macri luego de que varias de sus propiedades fueran allanadas en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Buenos Aires. La expresidenta argentina Cristina Fernández acusó de persecución política al gobierno de su sucesor Mauricio Macri luego de que varias de sus propiedades fueran allanadas en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.“Hacía tiempo -décadas diría- que no se veía un abuso de poder y persecución política semejante”, denunció Fernández a través de su cuenta en la red social Twitter. “Esta no es la primera ni tampoco será la única causa que inventarán, ni la última ‘excursión de pesca’; lo vienen haciendo desde el año 2003 a la fecha”.

La exmandataria se expresó en Twitter y Facebook poco después de que una corte federal ordenara que sea investigada en una causa por lavado de dinero que involucra a un empresario de la construcción allegado a su familia y que fue beneficiado con millonarios contratos de obra pública durante su gobierno (2007-2015) y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).Al mismo tiempo, varias propiedades de Fernández en la Patagonia eran allanadas en otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal ordenó al juez federal Sebastián Casanello investigar a Fernández en la causa que lleva adelante contra el empresario Lázaro Báez, al cual detuvo y procesó por lavado de dinero de fondos estatales destinados a la obra pública.

“Es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, según el fallo del tribunal publicado en la página de internet del Poder Judicial. Báez, dueño de la compañía Austral Construcciones, fue acusado formalmente por Casanello de haber ingresado 5.1 millones de dólares en una compañía financiera radicada en Buenos Aires con el objetivo de disimular y ocultar su origen para luego integrarlos al circuito económico legal.

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