El vocero del expresidente de la República Leonel Fernández, Rafael Núñez, expresó que el Ministerio Público debe actuar con entera libertad e imparcialidad en los casos que se presuma se han cometido actos dolosos sin importar de quién se trate.Señaló que la investigación debe realizarse garantizando el debido proceso y libre de contaminaciones producto del chantaje y de la justicia selectiva.
La reacción de Núñez se produce luego de que la Procuraduría General de la República, a través de la Pepca, removiera una investigación que desde hace tres años reposa en esa dependencia.
“Ojalá que la acción del Pepca no responda al chantaje o una especie de justicia selectiva con la que actúa la Procuraduría General de la República, instancia que ha sido muy diligente para mover la acción pública en momentos que tienen una connotación muy especial, cercanos a fechas significativas en el ajedrez político, lo que se interpreta como un chantaje”, declaró el exdirector de Prensa de la Presidencia.
Refirió que toda la opinión pública está consciente de cómo el procurador General, Francisco Domínguez Brito, utilizó por más de dos años un expediente de alegada corrupción contra un exfuncionario, a los fines políticos del jefe del Ministerio Público.
“Cualquier persona que haya ejercido funciones públicas en la administración de Fernández o cualquier otro gobierno, civil o militar, está obligada a rendir cuentas y acudir a las instancias judiciales cuando así se le requiera, y es ahí que debe probar su inocencia”, agregó.
Senador
El congresista y senador por la provincia Hermanas Mirabal (Salcedo), Luis René Canaán Rojas, es investigado por la Pepca por su presunta implicación en el pago de sobornos para la adquisición de ocho naves Super Tucano.
De acuerdo a un informe preliminar sobre las investigaciones, al que tuvo acceso elCaribe, Pedro Rafael Peña Antonio, primero como mayor general piloto y Jefe de Estado Mayor la Fuerza Aérea Dominicana (agosto 2006 – agosto 2008) y luego como teniente general piloto y Secretario de Estado de la Secretaría de las Fuerzas Armadas (agosto 2008 – agosto 2010), habría sido la persona que dirigió e impulsó todo lo relativo a las transacciones realizadas en ocasión el soborno transnacional practicado por ejecutivos de la Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A. (Embraer).
El oficial general es sindicado de haber canalizado las operaciones ilícitas a través del coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, quien fungía como su mano derecha, captando las empresas perceptoras de los dineros y coordinando la posterior entrega de los mismos al senador por la provincia Hermanas Mirabal (Salcedo) Luis René Canaán Rojas, para favorecer la aprobación del préstamo para la compra de las indicadas aeronaves.
Además, se presume que el senador Canaán Rojas fue el congresista que recibió del coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, director de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, el dinero del soborno transnacional conferido por los ejecutivos de Embraer con miras a garantizar los votos necesarios para lograr la aprobación del empréstito ante el Congreso de la República, por la suma de casi 94 millones de dólares para la compra de las ocho aeronaves modelo EMB-314 Super Tucano, a través del banco brasileño BNDES.
La asistencia jurídica internacional en materia penal, proporcionada por el Ministerio Público Fiscal de Brasil al MP de la República Dominicana, respalda las indagatorias que precisan que los sobornos entregados al senador dominicano ascendieron 3 millones 520 mil dólares y que fueron utilizados por empresas dominicanas.
Se trata de 4D Business Group S. A., propiedad de los señores Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Saperofa, propiedad de Samuel Pereyra Rojas, sobrino del congresista Luis René Canaán Rojas; Ferrboc, propiedad de los tíos del senador Canaán Rojas, señores Santos Pérez y Sonia Imnaculada Rojas Tabar (hermana de la madre del senador María Antonia Rojas Tabar).
Diputados exigen nombres
La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Josefa Castillo, expresó ayer que la Justicia debe actuar con responsabilidad y revelar los nombres de los legisladores que estarían involucrados en el escándalo.
La legisladora, propuesta por el PRM para el Consejo Nacional de la Magistratura, precisó que no debe haber vacas sagradas en este hecho y exigió que digan quiénes están implicados. Igualmente, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, afirmó que lo importante es que se aplique justicia, sin importar cuáles legisladores estén involucrados.
De su lado, el vocero del bloque de diputados del PLD, Gustavo Sánchez, dijo que hay que esperar que la Justicia funcione y aclaró que el Congreso Nacional no interferirá, bajo ninguna circunstancia, en el proceso investigativo. El también diputado del PLD por San Juan, Henry Merán, añadió que hay que apoyar y fortalecer al Ministerio Público para que siga con el desarrollo de esta investigación.
Procurador dice debe haber consecuencias
El procurador Francisco Domínguez Brito dijo que en la adquisición de los aviones Super Tucano hubo soborno, razón por la que debe haber consecuencias. Agregó que quienes recibieron dinero tendrán que asumir su responsabilidad ante la Justicia. “Siempre he dicho que el que es suficientemente hombre o mujer para tomar lo ajeno, tiene que ser hombre o mujer para ir a la cárcel”, dijo. Al preguntársele si serán citados los legisladores que supuestamente están involucrados, dijo que los detalles serán revelados paulatinamente.
