Un desalojo de personas humildes del sitio donde viven, a veces sin previo aviso, es una de las escenas que causan más dolor, desazón, pena, sin que se pueda hacer nada para evitarlo.Y no es solo el desalojo, es la destrucción de las moradas, siempre con violencia y con saldos de heridos y en ocasiones muertos. Un drama.
Ayer lo vimos otra vez en Santiago, en el llamado residencial Cerros de Doña Julia, donde varias familias ocuparon terrenos privados, titulados y registrados, cuyos dueños agotaron el proceso de ley y se autorizó la acción.
Ver a esa pobre gente con sus cosas arrasadas, a veces recuperadas y tiradas en un terraplén, sencillamente rompe el alma y no hay cómo evitar los sentimientos de conmiseración.
Pero esa pobre gente está en conflicto con la ley. Ocupan las tierras ajenas, violan las leyes y la Constitución de la República. Se apoderan de los bienes privados y asumen en su defensa una conducta amenazante o agresiva.
Eso no puede ser.
Lo lamentable de todo es que a veces toman los terrenos amparados en políticos, otras veces engañados por tígueres cuyo oficio es ubicar parcelas, “venderlas” a terceros “de boca”, quienes levantan ranchos. Y se convierten en residentes y entienden que han adquirido derecho. Son ocupantes ilegales, conscientes o inconscientes de su realidad.
Lo más lamentable es la permisividad. Es cierto que la autoridad pública no puede convertirse en guardián particular de la propiedad, pero debe ser garante, diligente, cuando recibe una denuncia de este tipo.
Si se actuara preventivamente, los humildes no pasarían por estas situaciones y no tendríamos que presenciar o sufrir las recurrentes escenas, casi siempre violentas, que entrañan los desalojos de terrenos ocupados ilegalmente.
Quizás la gente se vea en estos cuadros y entiendan que la propiedad privada debe ser respetada. Que existe un imperio que es el de la ley y que nadie puede apropiarse de lo ajeno sin consecuencias.
