Una de las mentiras más monumentales que hemos escuchado durante muchos años es la que pretende hacernos creer que en la República Dominicana opera el libre comercio como está definido en la moderna economía. Hay demasiadas evidencias de que en nuestro país funciona a medias el principio cardinal de la libre competencia, y que si esta opera se circunscribe a unos cuantos renglones muy específicos y que escapan al interés de los sectores más poderosos.
Digamos que la libertad de comercio es ejercida a plenitud en los segmentos más bajos del mercado, por ejemplo, en la instalación de colmados, bares, restaurantes, pequeñas tiendas, talleres de reparación de vehículos, etc. Ahora bien, la fementida libertad de comercio se estrella contra la realidad cuando alguien intenta incursionar en áreas como varillas, cemento, combustibles, generación de energía eléctrica, entre otras líneas de comercio cuya competencia real está vedada.
Podemos hacer énfasis en el tema de los combustibles, renglón en el cual existe un control por parte del Estado que desmiente el alegado libre mercado, pues ni siquiera se ha permitido nunca que este producto esté sujeto al libre juego de oferta y demanda. En los mercados donde realmente opera esta regla se puede encontrar con que entre una estación de servicio y otra pueden haber precios diferentes que motivan al consumidor por la ventaja de ahorrarse unos cuantos centavos. En nuestro caso pudieran ser algunos pesos por galón. Esto en nada afectaría al Estado, pues tiene un gravamen predeterminado con lo cual el ingreso a percibir por cada galón despachado está garantizado. Sin embargo, el propio esquema de fijación semanal de precios de los combustibles es el mayor desmentido a la supuesta apertura comercial de nuestro país.
Lo que se alega continuamente es que mediante el mismo lo que se procura es evitar un desorden en el mercado de carburantes. Estas alegaciones no resisten la más mínima contrastación con la realidad que prevalece inclusive en países con menor desarrollo que la República Dominicana. En los demás bienes citados arriba a nadie se le ocurrió, por ejemplo, importarlos sin contar con un permiso estatal, lo que demuestra que en este país no se debe seguir alegando la existencia de un verdadero libre mercado. Dejemos ya esa mentira.
