Al final, después de tanta expectación en torno al proceso de selección de los futuros miembros de la Junta Central Electoral (JCE) podría confirmarse el criterio del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que nada ocurrirá sin la intervención del Poder Ejecutivo, vale decir, del presidente Danilo Medina.El PRM se había involucrado en el diálogo con el auspicio de monseñor Agripino Núñez Collado para discutir una nueva ley electoral y una ley de partidos. De pronto puso en primer plano la escogencia de los miembros de la JCE. Se retiró del diálogo y reclamó la intervención directa del Presidente. De él, decía, dependería todo.
El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, proclamó el mes pasado que era competencia del Senado decidir la materia, hasta lo dicho por el ministro de la Presidencia al periódico Hoy, Gustavo Montalvo: “Confío que la nueva JCE se conforme con personas idóneas, que tengan el perfil adecuado, que sean personas que no estén atadas a ningún compromiso de ninguna naturaleza ni que respondan a partidos políticos o a grupos de presión”.
Desde entonces, el parecer más extendido es que nueva vez el Congreso Nacional se someterá a la voluntad del Palacio Nacional.
De esa manera, se reafirmaría una tradición en la política nativa, y es que con singulares excepciones, el Congreso obedece a los mandatos de la Presidencia de la República.
Si bien esta vez la línea que pudiera bajar el Presidente resulte aplaudida por la oposición y la sociedad civil, en el sentido de que sean escogidas “personas nuevas” para la JCE, a la postre se estaría haciendo lo que usualmente critica la oposición, la sumisión de los legisladores al Ejecutivo.
Siendo así, el Presidente, bajo la presión de la oposición y la sociedad civil, trataría de garantizarse una gobernanza más tranquila, sin las denuncias madrugadoras sobre el futuro de las elecciones de 2020.
En esa perspectiva, el presidente Medina hará lo que más le convenga a su gestión, confirmando el aserto aquel que afirma su supremacía sobre los demás poderes. La “paz política” sería un magnífico argumento, naturalmente, siempre que se guarde la elemental formalidad institucional.
