En la discusión sobre el artículo 37 de la Constitución, cuyo texto reza: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, la pena de muerte”, entran en juego muchas interpretaciones sobre el concepto de la vida, sea que se la entienda desde una perspectiva religiosa o secular. El texto se cuestiona más adelante en el punto 3 del artículo 42, cuando se lee: “Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida”.

La contradicción viene al caso porque lo que se pretende con el artículo 37 es prohibir toda forma de interrupción del embarazo, y la ciencia médica admite muchos de esos procedimientos, a los que alude el artículo 42, que se aplican legalmente en muchos países para todos los casos y en otros para situaciones en que la vida de la madre corre peligro o el fruto del embarazo sea una criatura con graves anormalidades físicas o cerebrales.

No pretendo una polémica filosófica por la imposibilidad de mantenerla en un plano de racionalidad, debido a las pasiones a su alrededor. Pero los defensores a ultranza del artículo 30 aducen que muchos hijos indeseados, frutos de una violación a menores, o infectados por una enfermedad devastadora, suelen resultar normales y útiles, aún con sus problemas.

Nadie lo discute y se celebra que así sea. Pero eso no les da el derecho a negarles a quienes piensan distinto a tomar una decisión basada en su propia conciencia. Nadie puede ser forzado a actuar en contra de su voluntad y en casos excepcionales, como la violada niña de once años obligada a parir, me parece grotesco e inhumano. Y no hablo del aborto por abortar. 

En la todavía encendida discusión sobre el famoso artículo de la Constitución, con el cual se penaliza toda interrupción del embarazo, que inevitablemente se extenderá por mucho tiempo, se han escondido muchas hipocresías. Tras los alegatos a favor del derecho a la vida desde la concepción misma, se ocultan viejas historias de abortos y paternidad irresponsable, dondequiera que la discusión haya surgido. Alrededor de este punto surge una grande exhibición de pasiones y prejuicios, demostrando de hecho el relevante papel de la Iglesia Católica en la discusión de los temas fundamentales, en paradójica muestra de incongruencia en el debate de un texto que pretende ser expresión legítima de laicismo.

En su momento, el tema del aborto desvió la atención del país de otros asuntos no menos importantes, algunos de los cuales se refieren a los derechos ciudadanos, individuales y colectivos o difusos, que siguen generando duras controversias. Algunos de los más entusiastas defensores públicos del “derecho a la vida desde la concepción misma”, no lo respetaron en su momento. Se trata de una verdad muy conocida, imposible de ocultar y muy presente en la chismografía parlamentaria, aquí como en otras partes.

El derecho a la vida “desde la concepción misma” implica paternidad responsable, es decir el derecho elemental de los hijos a ser amados y protegidos por sus padres. Algunos de sus ardientes defensores en todas partes del mundo, arrastran consigo complejas historias públicas de infidelidad, desconociendo paternidades fuera del matrimonio, sacramento al que debían estar fiel y obedientemente obligados por compromisos con la fe. Las discusiones a nivel mundial han creado escenarios de exhibición de la más auténtica hipocresía que jamás se haya conocido, dado que al final queda al descubierto que la mayoría de ellos ha usado alguna vez preservativos.