Un tema que parecía haber quedado claro y cerrado a finales de 2012 está siendo retomado por las nuevas autoridades aduanales, generando gran preocupación en las empresas de courier del país (transporte expreso de mercancía) y especialmente en los consumidores, pues serían los más afectados si las intenciones se imponen.
Se trata de establecer impuestos para las importaciones de bajo valor, esto es, las compras por Internet de menos de US$200, que hasta ahora se encuentran exentas.
Estas pretensiones conllevarían la violación de acuerdos internacionales de los cuales nuestro país es signatario y que sin dudas podrían significar problemas en nuestras relaciones con importantes socios comerciales como los Estados Unidos.
Pretender imponer cobros impositivos a compras por internet es atentar contra disposiciones claras contempladas en el DR-CAFTA sobre el transporte expreso de mercancía. Esto así, porque el decreto no. 402-05 (que habría que derogar para lograr la peligrosa propuesta), contentivo del Reglamento de Despacho Expreso de Envíos, fue notificado a la Oficina de Acuerdos Comerciales de los Estados Unidos (USTR) en observancia con el Artículo 5 del Tratado DR-CAFTA para cumplir con el 5.11 de implementación del Tratado, lo que inmediatamente convierte al mismo en parte esencial del DR-CAFTA y con igual fuerza vinculante para todos los fines jurídicos.
Por otro lado, no hay una real contribución económica con esta medida que justifique los daños, pues encarecería los costos operativos de las aduanas y como haría más largo el procedimiento el sistema de Courier (que tan positivamente ha impactado a los dominicanos) colapsaría por perder su principal sentido, afectando también a otros sectores conexos como las empresas de transporte aéreo, muchas tiendas y mercados, y por supuesto a miles de compradores y usuarios particulares.
Estoy convencida de que no es interés del Presidente Medina que en nuestro país opere una involución en la apertura comercial y que entre en conflicto con los Estados Unidos y otros países por violar las disposiciones de un acuerdo comercial del que somos parte, por lo que estoy segura que esta propuesta no cuenta con el conocimiento ni el consentimiento del Ejecutivo.
Es justamente por esta razón que exhorto al Presidente Medina a que, ya que ahora probablemente está enterado, impida que se promueva una reforma con una medida tan perjudicial y que a todas luces implicaría un retroceso.
