Defensa Pública atiende mayoría de casos penales

La Oficina Nacional de la Defensa Pública atiende más del 70% de los casos penales que se dirimen en los tribunales del país y para ello sólo cuenta con 300 abogados, muchos de los cuales tienen bajo su responsabilidad hasta 450 causas.

La Oficina Nacional de la Defensa Pública atiende más del 70% de los casos penales que se dirimen en los tribunales del país y para ello sólo cuenta con 300 abogados, muchos de los cuales tienen bajo su responsabilidad hasta 450 causas.Así lo informó la coordinadora de la Defensa Pública, Laura Hernández Román, quien aseguró que sólo este año se han atendido de forma gratuita y eficiente más de 19 mil 800 casos, seis mil de los cuales son producto de que abogados privados abandonan a sus clientes.

“La mayor parte de los usuarios son personas de muy escasos recursos y siempre hemos dicho que la justicia penal, lamentándolo mucho, sigue siendo la cara de la pobreza. Los que más fácil caen bajo las garras de una detención o una prisión son personas de escasos recursos”, aseveró.

Resaltó que tienen una deficiencia de personal y una sobrecarga de trabajo “porque manejamos un promedio de 350 a 450 casos por defensores y cuando se concibió la Defensa Pública, se estableció que no fueran más de 200 casos por defensor”.

Cuestiona la prisión preventiva
La funcionaria atribuyó, como uno de los factores de esta sobrecarga laboral, a la gran cantidad de medidas de coerción, consistentes en prisión preventiva, que se dictan a través de los Juzgados de Atención Permanente del país y planteó que esta situación debe ser revisada, toda vez que en el Código Procesal Penal se establecen siete medidas y no sólo una.

“En esto ha influido mucho la aplicación de la prisión preventiva como medida de coerción, la cual representa el 75% del total de las medidas que se imparten en el sistema de justicia del país en materia penal”, resaltó.

Hernández Román fue enfática al asegurar que un defensor tiene mayor carga de trabajo cuando los imputados están guardando prisión preventiva porque debe trasladarse a los recintos carcelarios y enfrentar los aplazamientos que se producen por la falta de los traslados.

Detalló que cuando a un imputado se le da otra medida de coerción diferente a la prisión preventiva, la gente entiende que la persona ha burlado la justicia.
“Muchos jueces entienden que cuando una persona es pobre, entonces no tiene arraigo. Esto no debería ser así porque la pobreza no es síntoma de que una persona va a violar la justicia y está más que demostrado que quienes pueden evadir un proceso, son los que tienen más recursos económicos”, expresó.

CARD debe evaluar ética profesional
Hernández Román también se refirió a la denuncia que hizo el presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, de que “los defensores estaban ejerciendo de forma desleal y en detrimento del derecho privado”. Agregó que el CARD a lo que debe abocarse es a evaluar el tema de la ética de algunos agremiados que abandonan a sus clientes.

“Sucede que muchas veces un abogado le cobra dinero a una persona y luego que no tiene recursos los abandonan. Si esto sucediera en algunos de los países donde funcionan los colegios de abogados, evidentemente puede un colegiado ser sancionado, porque éticamente está abandonando a una persona porque ya no tiene recursos económicos”, explicó.

Finalmente, la magistrada acotó que a pesar de la responsabilidad que desempeña y la gran carga laboral que maneja la Defensa Pública, para el próximo año sólo les aprobaron 50 millones de pesos adicionales a los 415 millones que se ejecutaron durante 2016. l

No hay defensores vinculados a corrupción
Hernández Román aclaró que no hay defensores procesados por corrupción o por faltas a la ética y señaló que para prevenir posibles casos existe una  Oficina de Control de Servicios muy rigurosa donde se investiga todo lo que se denuncia desde la prensa, desde la cárcel o por cualquier otra vía. “Vimos por los medios una denuncia ligera que hizo el CARD, de que algunos defensores estaban cobrando y aunque hemos insistido en que nos suministre las pruebas, nunca las ha aportado. Él dice que es un rumor”, aseveró.

En la DP trabajan con presupuesto deficiente
La coordinadora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública explicó que para el año 2017 el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional un presupuesto de funcionamiento de la institución con un incremento de sólo 50 millones de pesos, aunque ellos habían solicitado un total de 156 millones adicionales a los 415 que les asignaron para el presente año. “A pesar de esto el Congreso Nacional, a través de la comisión de presupuesto, no quiso escuchar a la Defensa Pública y por ende no hizo ningún ajuste”, denunció. 

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