El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, urgió al Congreso aceptar las observaciones del presidente Medina en torno al tema del aborto y aprobar la reforma del Código Penal.“No podemos retardar más la aplicación y aprobación de este Código Penal por el tema del aborto, nosotros entendemos que las observaciones realizadas por el presidente de la República, Danilo Medina, deben ser acogidas por ambas cámaras y debe ser promulgado”, expresó Surún Hernández.
El jurista señaló que quienes se sientan afectados con estas disposiciones pueden apoderar a las instancias correspondientes.
Al referirse a la penalización del aborto, señaló que el Código es un instrumento eficaz para perseguir la delincuencia, pero sin menoscabo del derecho que tiene la mujer para que pueda realizar con tranquilidad el aborto en caso de violación sexual, cuando peligre su vida o cuando se compruebe que el feto tiene determinadas malformaciones.
Cambios en orden jurídico
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Henry Merán, expresó que una de las innovaciones de este Código es la creación de 41 tipos penales nuevos, que no contempla el actual, como por ejemplo, el feminicidio, que como tal no está tipificado en el Código vigente y en el nuevo se establece una pena de hasta 40 años de prisión para el hombre que asesine a una mujer, ahora la ley utilizada sólo establece 20 años de prisión.
Código obsoleto
“El Código que utilizamos es el napoleónico que se aprobó en Francia en el año 1810, lo que significa que tiene 206 años de elaborado y más de 132 años utilizándose en el país, es decir, es anacrónico”, afirmó.
Código prevé penas por corrupción pública
En los casos de abuso de autoridad, usurpación de función pública (macuteo), la nueva ley establece penas de cuatro a diez años de prisión. Por la infracción de tentativa de cohecho o tráfico de influencia, el Código aprobado por los senadores plantea también castigo de cuatro a diez años. Por obtención ilegal de beneficio económico, establece prisión entre 10 y 20 años.
