El aborto, aun cuando haya sido resultado de una violación sexual o incesto, es considerado más o menos como un asesinato. Ese fue uno de los argumentos que dio la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana que agrupa iglesias evangélicas, para dejar claro su total rechazo a la observación que el pasado lunes hizo el presidente Danilo Medina a los artículos del Código Penal que castigan la intervención del embarazo en todas circunstancias.
La Mesa solicitó al Congreso Nacional “mantener la coherencia en sus actuaciones”, como lo ha hecho ya en dos ocasiones antes de que Medina detuviera en noviembre del 2014 y ahora, por las mismas razones, el proyecto legislativo.
La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana advirtió que continuará “esta batalla con la sociedad” hasta lograr que la Carta Magna sea respetada. Al cuestionarlos si contemplaban acudir al Tribunal Constitucional, los religiosos respondieron que esa era una ventana abierta.
Para defender su posición en este debate eterno, la Mesa señaló que quien debe pagar por una violación o incesto debe ser el agresor y no la criatura, y que la vulnerabilidad no figura como motivo para acabar con la vida en el vientre, ya que “el 95 al 97% de los dominicanos nacen pobres”, según el referendo Braulio Portes.
De acuerdo con los religiosos, lo que plantea el Poder Ejecutivo, de que se permita el aborto en casos de violación, incesto, malformación incompatible con la vida y cuando la madre está en peligro de muerte, violenta la Constitución dominicana que protege la vida desde la concepción. Los de la Mesa apuestan porque el Estado otorgue protección y acompañamiento en estos casos.
“Que culpa tiene esa niña o ese niño que ya está hecho vida en el vientre de esa madre, de las circunstancias en que haya sido procreado ¡No tienen ninguna culpa!, manifestó el presidente de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, Manuel Estrella.
El grupo de evangélicos hizo una rueda de prensa y mostraron un documento de rechazo en el que figuraban, entre otros, unas 15 iglesias, una fundación y las universidades Federico Henríquez y Carvajal y Nacional Evangélica.
En tanto que el presidente de la Pastoral Cristiana de Derechos Humanos, Reverendo Ángel Salvador Sánchez, consideró que las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la Ley del Código Penal son inconstitucionales y llamó a los sectores conscientes de la sociedad dominicana a luchar por la defensa de la vida y contra la imposición de intereses foráneos para traer al país la “industria de la muerte”.
