El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, aclaró ayer que la creación de un instituto regulador del tránsito y el transporte no implicará la supresión de las instituciones involucradas en este sector.El funcionario hizo la salvedad con respecto al proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que cursa en el Congreso Nacional, que plantea la creación de un Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), como organismo rector, nacional y sectorial, descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica.
“Yo no creo que las otras instituciones van a desaparecer, creo que el instituto sería la institución coordinadora y a la que se le pediría que asuma el liderazgo y la responsabilidad de hacer las tareas”, consideró. Ante la pregunta de si el Ministerio que dirige está en la capacidad de funcionar como un órgano regulador del tránsito y el transporte, como lo propone el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), dijo que “Obras Públicas siempre está en disposición de acatar y realizar las labores que designe el presidente de la República, Danilo Medina.Entendemos que estamos en la capacidad de asumir cualquier tarea que el presidente nos asigne”, afirmó. En relación a los avances obtenidos por la Comisión Presidencial de Seguridad Vial que preside, Gonzalo Castillo dijo que se está elaborando un borrador final que agrupa un conjunto de propuestas, las cuales serán entregadas al Poder Ejecutivo en el mes de enero.
Educación vial en centros educativos
El funcionario no quiso dar detalles acerca del contenido del documento. No obstante, adelantó que se tratará el tema de enseñar la educación vial en las escuelas. “Ya prácticamente tenemos el trabajo concluido y estamos preparando el borrador final. Vamos a abarcar todo lo que tenga que ver con el tránsito, desde educación, seguridad, mejoramiento del flujo vehicular”, dijo. Indicó que a principios de enero llegará al país un profesor de la Universidad de Barcelona, España, experto en materia de seguridad vial, de quien la comisión espera una retroalimentación. Dicha comisión fue creada mediante el decreto 263-16 con el objetivo de buscar soluciones integrales al problema de los accidentes de tránsito que afecta al país.
