Socióloga: “Crimen se investiga como cuando Trujillo”

El modelo de investigación criminal en República Dominicana todavía se remonta a la época de la dictadura trujillista, donde la inteligencia no se basa en evidencias científicas, sino más en información que inteligencia.

El modelo de investigación criminal en República Dominicana todavía se remonta a la época de la dictadura trujillista, donde la inteligencia no se basa en evidencias científicas, sino más en información que inteligencia.El planteamiento lo hace la socióloga Lilian Bobea. La investigadora en seguridad ciudadana, temas de violencia y profesora de la Universidad Bentley, en Massachusetts, señala que la deficiencia en materia investigativa está relacionada con la calidad de los recursos, incluidos los humanos, conocimientos y metodologías que necesitan ser actualizadas.

Bobea señala que la investigación y la judicialización son dos componentes fundamentales de toda política de seguridad ciudadana y han fallado en el país por la imposición de un modelo punitivo que tiene como respuesta automática judicializar todo.

“El populismo punitivo es una orientación enraizada en la clase política y aceptada por la sociedad dominicana que se siente victimizada y que, además, está frustrada de que no se resuelvan los problemas de inseguridad. La solución más fácil es encarcelar o aniquilar”, analiza.

Para Bobea, esa tendencia del “modelo punitivo” ha demostrado tener en nuestro país resultados funestos, ampliando la población carcelaria, especialmente respecto a delitos menores, y contribuyendo a crear una masa de infractores, que luego no pueden reinsertarse en la sociedad y la economía “porque entran en un círculo vicioso de salida y entrada del sistema carcelario”.

La socióloga menciona una cascada de razones fallidas vividas por República Dominicana, que a su vez son los factores claves para determinar el éxito en un plan de seguridad, que en el país se vio por primera vez en el 2005, con el llamado Plan de Seguridad Democrática (PSD) y su gran apuesta Barrio Seguro.

Entre esos factores está la falta de liderazgo a la hora de asumir, evaluar y revisar las políticas implementadas. “Poner a la Policía como el único actor que lidera las políticas es, en el caso de República Dominicana, como poner el lobo a cuidar de las ovejas. Una política democrática de seguridad ciudadana debe generar liderazgos a diferentes niveles institucionales y de la sociedad”, recuerda Bobea, a quien se le consultó las causas sobre planes fallidos de seguridad ciudadana, desde hace ya más de una década.

En República Dominicana, desde el 2005 se han implementado dos grandes planes: en PSD con Leonel Fernández y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (2013), con el componente Vivir Tranquilo.

El primer elemento que menciona Bobea como clave para implementar un plan de seguridad exitoso es el presupuesto. Después está el liderazgo para el seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana, la coordinación entre instituciones para alinearse al plan (y no solo incluir a la Policía y al Ministerio Público, sino los Ministerios de Educación, Juventud, Mujer, Trabajo, al Gobierno municipal, etc.), la planificación e investigación basada en evidencias y la integración de otros sectores económicos. Por último la judicialización.

Para Bobea en el Plan del 2005 no se pudo lograr una coordinación entre instituciones. “¿La razón fundamental? El excesivo protagonismo de los funcionarios y el interés de cada uno de ellos de capitalizar políticamente sobre los pírricos logros”, resaltó.

Ella ve absolutamente inadecuado el presupuesto asignado a los planes de seguridad y al sistema de justicia. Además resalta que sectores directamente afectados por la inseguridad, como la inversión y el turismo, deberían contribuir a generar recursos para financiar la seguridad pública, en lugar de proveerse de seguridad privada.

Inconsistencias

Bobea, que también es directora de la Plataforma Centroamérica-Caribe para la Seguridad Democrática: Cooperación para la Paz (Co-Paz), enumera cuatro inconsistencias del Gobierno para la implementación de los planes de seguridad ciudadana: 1) introducir cambios sustanciales en la Policía Nacional; 2) involucrar a las instancias competentes; 3) involucrar a las municipalidades en el proceso y 4) asignar los recursos necesarios.

Jueces, policías y fiscales alimentan la violencia

La socióloga Lilian Bobea resalta que los funcionarios, jueces, policías y fiscales han sido determinantes en la producción de violencia y criminalidad, debido a tres causas: la institucionalización de prácticas ilegales de violencia, su involucramiento en actos criminales y por tolerar acciones ilícitas. Ese patrón, de acuerdo con la especialista, ha contribuido históricamente en lacerar la confianza ciudadana en las instancias del Estado que combaten la criminalidad, “y por ende a minimizar los impactos de las políticas”.

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