De las 31 provincias que tiene el país, solo 10 tienen rutas urbanas que en algún momento fueron autorizadas por el Estado dominicano y consecuentemente reconocidas como factibles y necesarias. Esas provincias son, además del Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Duarte, La Vega, Valverde, San Juan, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís.
María Paz, la directora técnica de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), es quien da el dato y a la vez reconoce la ineficiencia del Gobierno para lograr organizar un transporte urbano seguro, cómodo y organizado. La primera causa de esa inoperancia, cuenta Paz, es la superposición de funciones de las siete instituciones que intervienen en la regulación del transporte.
La Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios establece como competencia propia de los ayuntamientos “ordenar y reglamentar el transporte público urbano”, pero solamente las alcaldías de Santiago y Puerto Plata cumplen esta norma. Además, existe una excepción en el caso de Santo Domingo y el Distrito Nacional, porque quien ordena y autoriza las rutas es la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet). Para el resto de las siete provincias que cuentan con rutas reconocidas por el Estado, es la OTTT la entidad que se ha hecho cargo, bajo el entendido de que los ayuntamientos del país no cuentan con el personal capacitado para hacer estudios de factibilidad. Así pues, solamente en cuanto a la concesión de rutas, se cumple la Ley 176-07 en dos provincias, en la capital eso está a cargo de la Amet y en el resto del país, la OTTT ha tenido que hacerse cargo, según datos otorgados por esta última institución.
La OTTT tiene registradas 30 rutas urbanas distribuidas en siete provincias, que son Duarte, La Vega, Valverde, San Juan, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, y en el municipio de Bocha Chica (2), que cuentan todas con 1,227 carros, 564 microbuses y 10 camionetas condicionadas. Si nos sujetamos a estas informaciones, pareciera que 4.1 millones de dominicanos que viven en las 21 provincias restantes (basado en el Censo 2010) no les hace falta un minibús o concho para moverse, porque legalmente “no hay un concho, no hay ruta de concho”, puntualiza la directora técnica de la OTTT.
“En muchos pueblos utilizan el motoconcho, otros no son grandes las distancia y la gente camina. Hay muchos pueblos que las personas tienen su propio vehículo y todo el mundo se conoce y se dan bolas”, dice Paz.
El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, coincide con la entidad estatal. El dirigente choferil de una de las dos organizaciones de transporte público mas grandes del país menciona las mismas provincias donde la OTTT tiene rutas registradas.
Hubieres manifiesta que fuera de las 10 provincias señaladas, quizás algunos municipios cabeceras de otras dos provincias puedan tener dos o tres rutas en los cascos urbanos, como San Cristóbal, Samaná o Espaillat. “Los demás municipios no tienen. En Elías Piña el transporte urbano no existe, ni siquiera en Comendador. En Baní (Peravia) posiblemente no hay transporte urbano ni siquiera en el casco urbano. En San José de Ocoa, ni siquiera en la ciudad cabecera”, sintetiza Hubieres.
Informalidad, según CNTU
Pero este no es el panorama que pinta el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo. “Si fueran solo seis ciudades (se refiere a las provincias autorizadas por OTTT) imagínate cómo se mueve el país. Nosotros nos volvemos informales, nos estamos volviendo informales porque ellos son los que formalizan todo y solo tienen seis ciudades y son 32 provincias”, analiza.
Pérez Figuereo asegura que desde el 2005 las instituciones estatales no autorizan rutas (“lo que te dicen es: vayan trabajando en lo que organizamos”). La directora técnica de la OTTT explica que cuando se creó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), en septiembre del 2005, “se estableció que no se podían crear nuevas rutas en el Gran Santo Domingo, bajo el alegato de que sería esa nueva institución la que crearía rutas alimentadoras al Metro de Santo Domingo”. “Consecuentemente, hablamos de un servicio distinguido por la informalidad: se trabaja como se pueda. No tenemos el permiso de la OTTT pero se está dando el servicio de transporte”, agrega Pérez Figuereo.
El dirigente choferil también deja en evidencia cómo les afecta esa superposición de funciones de la OTTT y Amet. “Ellos tienen un pequeño problema de orden de jurisdicción… Si vas a Amet (a que reconozca una ruta) te dicen que es la OTTT y si vas a OTTT te dicen ve a la Amet”.
59% de los vehículos tiene más de 29 años
En el Gran Santo Domingo, la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) tiene registrado 19,379 vehículos de transporte público y 95% de estos, dígase 18,426, fueron fabricados entre los años 1978 y 1999, hace más de 18 años. Detallamos: 59% de esa cantidad (11,399 vehículos) fueron fabricados entre los años 1978 y 1988 y el 36% (7,027) corresponden a vehículos de los años 1989-1999. De los poco más de 19 mil vehículos de transporte público que contabiliza Amet, 8,968 están dispersos en el Distrito Nacional.
