Paraíso para la evasión fiscal

En su reciente visita al país, la misión del FMI recomendó que “la posición fiscal necesita ser decisivamente fortalecida para mantener la sostenibilidad de cara a los riesgos crecientes”. El FMI indica que “Los principales riesgos se derivan&#8

En su reciente visita al país, la misión del FMI recomendó que “la posición fiscal necesita ser decisivamente fortalecida para mantener la sostenibilidad de cara a los riesgos crecientes”. El FMI indica que “Los principales riesgos se derivan de la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas y de poli?tica de los socios comerciales externos, particularmente de Estados Unidos, los prono?sticos de los precios del petro?leo, las tasas de intere?s mundiales ma?s elevadas de lo esperado y la consiguiente apreciacio?n del do?lar.”

La misión observa que “El gobierno dominicano ha logrado mejorar su posicio?n fiscal, a pesar de las crecientes presiones sobre el gasto, a trave?s de la restriccio?n generalizada del gasto y un fuerte esfuerzo de la administracio?n tributaria. Sin embargo, los elevados de?ficits proyectados para el sector pu?blico consolidado (incluido el sector pu?blico financiero y no financiero) generarían presiones de sostenibilidad y viabilidad de la deuda, especialmente en vista del endurecimiento de las condiciones financieras globales.

Se requeriría un fuerte ajuste fiscal para asegurar la sostenibilidad de la deuda, con un mayor esfuerzo de consolidacio?n en el corto plazo garantizada por las au?n favorables condiciones económicas. La consolidacio?n debera? sustentarse en una exhaustiva reforma que ampli?e la estrecha base tributaria, simplifique el sistema impositivo y lo haga ma?s equitativo. Esto debera? acompan?arse de reformas para abordar la carga fiscal del sector ele?ctrico y elevar la eficiencia del gasto pu?blico.”

La posición externada por el FMI no es nueva. Reconoce que el Gobierno dominicano, desde que el presidente Danilo Medina asumió la presidencia del 16 de agosto del 2016, ha venido realizado un serio esfuerzo para reducir el déficit del sector público consolidado. Recordemos que en enero-agosto del 2012, el déficit del sector público consolidado, ascendió a RD$157,916.3 millones, monto que cuando se anualiza, equivalía a 10% del PIB. Con una férrea política de control del gasto en los últimos cuatro meses del 2012, el déficit cerró en 7.9% del PIB.

El año siguiente, gracias a la adopción de un serio esfuerzo de consolidación fiscal, el déficit del sector público consolidado se redujo a 5.4% del PIB, a pesar de que el Gobierno aumentó el gasto en educación en 1.5% del PIB. La tendencia a la baja en el déficit se mantuvo en los años 2014, 2015 y 2016, reduciéndose a 5.1%, 4.6% y 4.1% del PIB, respectivamente.

En los últimos 4 años no se observa en la región un esfuerzo de consolidación fiscal más intenso que el ejecutado por República Dominicana.

¿Qué es lo que está correctamente advirtiendo el FMI? Que a pesar de ese esfuerzo, dado que las condiciones globales de bajos precios del petróleo y bajas tasas de interés que han prevalecido en los últimos años podrían dar paso a nuevas condiciones caracterizadas por precios de petróleo y tasas de interés globales más altas, el Gobierno debería intensificar y acelerar el esfuerzo de consolidación fiscal que inició el 16 de agosto del 2012.

El FMI recomienda la adopción de una comprensiva reforma fiscal, que incluya medidas para mejorar la eficiencia del gasto público y elevar los ingresos fiscales. A diferencia de la oposición política y de algunos economistas que participan en el debate de opinión pública, el FMI no recomienda una reducción del gasto público, el cual ha bajado de 19.9% del PIB en el 2012 a 17.3% en el 2016.

¿Por qué? Porque los economistas del FMI, al no pertenecer a ningún partido político, son objetivos y saben que el problema fiscal dominicano no se debe al elevado nivel del gasto público. Saben que en la región, sólo Guatemala tiene un nivel de gasto público inferior al nuestro. Por eso plantean mejorar la eficiencia del gasto y elevar los ingresos a través de una reforma del sistema tributario y el fortalecimiento de la administración tributaria.

El Gobierno dominicano, a través del Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, ha indicado estar consciente de la necesidad de revisar el amplio sistema de exenciones tributarias vigente el país, el cual, además de generar una pérdida potencial de ingresos tributarios cercana a 6.4% del PIB, da lugar a uno de los niveles más pronunciados de inequidad horizontal en el pago de impuestos en toda la región. Pero también ha indicado, a través del Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, que antes de proceder con la discusión y ejecución de una seria reforma tributaria, hay que intensificar los esfuerzos para reducir, y esto lo digo yo, la más rampante, descarada y vergonzosa evasión fiscal de toda la América Latina y el Caribe.

Los niveles de evasión que prevalecen en nuestro país revelan claramente que una gran parte de las personas y las empresas del país están violando el deber fundamental que establece la Constitución de la República en su numeral 6) del Artículo 75: “tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas.”

La evasión del impuesto sobre la renta de las personas físicas alcanza, según una reciente estimación oficial utilizando la metodología del BID, el 58.5% de la recaudación potencial, por debajo únicamente del 60% prevaleciente en Guatemala. La evasión del impuesto sobre la renta de las empresas, por su parte, alcanza el 62.5%, por debajo únicamente del 70% reportado en el caso de Costa Rica. Finalmente, la evasión del ITBIS alcanza el 42.9% de la recaudación potencial, el nivel de evasión más alto entre todos los países de la región.

Para evadir las contribuciones a la seguridad social, algunas empresas pagan en efectivo y/o con instrumentos que simulan conceptos diferentes al pago de salarios, lo que genera evasión en el pago de impuesto sobre la renta de los asalariados.

Es muy común que determinados profesionales sólo acepten el pago de sus honorarios en efectivo, rechazando en pago con tarjetas de crédito y cheques. Pero más impresionante aún es la gran cantidad de personas físicas, profesionales, empresarios, entre otros, que nunca han presentado declaración jurada ante la DGII.

En el caso de las empresas, la variedad de mecanismos utilizados para evadir daría para escribir un Tratado sobre Evasión Rampante y Descarada en el Caribe de Habla Hispana.

No registrar las ventas en efectivo, inflar partidas de “otros gastos” para reducir los beneficios, registrar gastos personales y de los hogares como gastos de la empresa, transferir utilidades al exterior vía tasas de interés sobre préstamos ficticios tomados en el extranjero, sobrevaluar importaciones de bienes sujetos a aranceles cero, subvaluar exportaciones, pagar gastos de servicios ofrecidos por empresas en paraísos fiscales creadas por los propios accionistas de la empresa, entre otros, son sólo una muestra de las maniobras para evadir. Imagínese que vivimos en un país en el cual coexiste un boom del turismo y la construcción de nuevos hoteles con un sector hotelero que lleva diez años consecutivos declarando pérdidas ante la DGII.

En el caso del Itbis, la evasión es más descarada. ¿Porqué? Porque el grueso de la evasión tiene su origen en la apropiación ilícita de un Itbis que se ha cobrado a los clientes y/o consumidores. Por ejemplo, entre el 2008 y el 2015, el total de Itbis que las empresas acogidas a Proindustria cobraron a sus clientes y consumidores ascendió a RD$162,065 millones. Sin embargo, el Itbis que esas empresas pagaron a las Aduanas y a la DGII durante ese período ascendió a RD$70,145 millones.

En consecuencia, si los datos oficiales anteriores son correctos, las empresas acogidas a Proindustria se apropiaron de RD$91,920 millones de Itbis recaudado que debieron entregar al Gobierno.

Visto lo anterior, tiene sentido ejecutar, antes de realizar la reforma fiscal, una cruzada para combatir efectivamente la evasión fiscal. Un aumento de la percepción de riesgo moral y penal podría contribuir a reducir la evasión rampante existente, mejorar las recaudaciones y sentar las bases para una discusión seria sobre una reforma tributaria que amplíe la base, reduzca las tasas y elimine la mayoría de las exenciones e incentivos tributarios existentes. l

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