20% para los trabajadores

La República Dominicana ha sido el país con el mayor crecimiento anual de la región en los últimos 3 años. También ha liderado la región en crecimiento anual del ingreso por habitante en la América Latina y el Caribe desde el 2014. Ha sido…

La República Dominicana ha sido el país con el mayor crecimiento anual de la región en los últimos 3 años. También ha liderado la región en crecimiento anual del ingreso por habitante en la América Latina y el Caribe desde el 2014. Ha sido el que más ha reducido la tasa de desempleo en la región en los últimos cuatro años. Y lo ha hecho en un ambiente de envidiable estabilidad. El elevado crecimiento y la estabilidad convirtieron a la República Dominicana en el país líder de la región en reducción de la pobreza en los últimos 4 años. Todo eso es cierto.

A pesar de ello, la mayoría de los dominicanos parece no sentir los frutos del excelente desempeño macroeconómico que hemos exhibido durante los últimos años. No son pocos los que señalan que esa bonanza sólo la observa el Banco Central. La mayoría de los hogares transmiten una percepción diferente: 3 de cada 4 hogares catalogan como mala la situación económica del país, un resultado extraño frente a los excelentes indicadores que exhibe la más exitosa economía de la región de los últimos años.

¿A qué puede deberse este desencuentro entre la macro y la micro en el país? La respuesta es muy sencilla: el bajísimo nivel de los salarios que prevalecen en nuestra economía.

A pesar de los elevados niveles de crecimiento económico, la realidad es que los mecanismos institucionales vigentes para la determinación de la estructura de los salarios mínimos en el país no ha contribuido a remunerar al factor trabajo de acuerdo a su contribución anual a la generación de producción y riqueza.

La economía más deslumbrante de la región en los últimos años exhibe uno de los salarios mínimos más apagados de toda la América Latina y el Caribe. El salario mínimo promedio mensual vigente en nuestro país, resultante de promediar los tres salarios mínimos en función del tamaño de las empresas, es 208 dólares. Cuando lo comparamos con los de la región, quedamos muy mal parados. Costa Rica con US$526 encabeza la región, seguida por Argentina con 511, Uruguay 445, Chile 411, Panamá 406, Honduras y Ecuador 375, Guatemala 355, Paraguay 343, el Salvador 300, Brasil 299, Bolivia 260, Perú 259 y Colombia 257. Solo Nicaragua con 192 y México con 116 exhiben salarios menores.

Cuando analizamos la situación de los salarios mínimos en el sector de las zonas francas industriales, el resultado no es diferente. El salario mínimo mensual en nuestra zonas francas es actualmente US$177, muy por debajo de los 515 de Costa Rica, 325 de Guatemala, 295 de El Salvador, 259 de Honduras, 234 del promedio en las 27 provincias de China, y 224 de Malasia. Sólo Nicaragua con 171 y Vietnam con 166 tienen salarios mínimos inferiores al nuestro.

Tomemos el caso de los países miembros del DR-CAFTA. El salario mínimo mensual en las zonas francas en República Dominicana equivale al 30% del ingreso promedio mensual por habitante, el más bajo entre todos los países del DR-CAFTA. El salario mínimo mensual en las zonas francas equivale al 122% del ingreso promedio mensual por habitante en Honduras, 97% en Nicaragua, 95% en Guatemala, 82% en El Salvador y 53% en Costa Rica. No están muy lejos de la verdad quienes señalan que nuestras zonas francas están pagando salarios de miseria. La realidad es que esas empresas no tienen la culpa: los salarios que pagan reflejan los salarios de miseria que paga el resto de la economía.

Es cierto que hemos registrado un crecimiento anual promedio de 7.1% en los últimos tres años. Pero también es cierto que el salario mínimo promedio apenas cubre el 34% del costo de la canasta de consumo básico de una familia.

Es cierto que tenemos el séptimo ingreso por habitante más elevado de la región. Pero también es cierto que nuestro salario mínimo promedio es más bajo que el de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, desnudando el cuerpo de la vergonzosa inequidad distributiva que prevalece en el país.

Es cierto que la generación anual de riqueza nacional ha crecido a un ritmo muy superior a la que exhiben nuestros socios centroamericanos. Pero también es cierto que mientras en los países centroamericanos socios del DR-CAFTA los trabajadores reciben el 42% de toda la riqueza anual generada, los nuestros apenas reciben el 33%.

Es cierto que la productividad laboral ha crecido en 46% entre el 2000 y el 2016. Pero también es cierto que en ese mismo periodo el salario mínimo real apenas ha subido en 14%.

Una de las deficiencias que exhibe el proceso de revisión del salario mínimo en el país es que el ajuste se realiza bianualmente, lo que ha perjudicado a los trabajadores debido a que el salario real termina erosionándose por la inflación acumulada en los dos años que transcurren entre una revisión y otra. Lo correcto es que se modifique el Código de Trabajo para que la revisión de los salarios mínimos tenga lugar una vez al año.
La reforma debería además establecer un piso para el ajuste anual de los salarios mínimos, definido por la suma de la variación anual en la productividad laboral y la inflación. De esa manera evitaríamos en el futuro continúe expandiéndose la brecha entre el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento del salario mínimo real.

En la próxima reunión del Comité Nacional de Salarios, sin embargo, debería tener lugar una revisión justa, reivindicativa y racional de los salarios mínimos vigentes en el país, una revisión que permita corregir parcialmente el rezago acumulado. No estamos sugiriendo una revisión como la que tuvo lugar el 1ro. de enero del 2017 en El Salvador, donde el salario mínimo vigente en las zonas francas industriales fue elevado en 40%, al pasar de US$210.90 a US$295.00 mensuales. Ajustes de tal magnitud, realizados de golpe, pueden generar perturbaciones innecesarias en algunos mercados. Pero tampoco podemos seguir revisando los salarios mínimos sin reconocer la existencia de la deuda que tiene el país y su economía con quienes más contribuyen a la generación anual de riqueza nacional, nuestros trabajadores.

El próximo ajuste de los salarios mínimos para pequeñas, medianas, grandes empresas y zonas francas industriales, a ser decidido por el Comité Nacional de Salarios, no debe ser menor a un 20%. Reconocemos que este aumento no resulta suficiente para cerrar totalmente la brecha entre el alza de la productividad laboral y el aumento en el salario real de los últimos 16 años, pero compensa una parte significativa. Esa deuda debe ser honrada gradualmente, en un período no mayor de tres años. Mayores niveles de salarios elevarán el poder de compra de millones de trabajadores y contribuirán al crecimiento de la demanda agregada que posibilitará la continuación del elevado dinamismo de nuestra economía.

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