Las dominicanas enfrentan desventajas sociales y económicas al momento de acceder a los servicios de salud, que se expresan en altos riesgos asociados a la maternidad, baja cobertura de la seguridad social y al sistema de pensiones, así como al aseguramiento por riesgos laborales.Así lo evidencia la investigación “La salud y la seguridad social, otras desigualdades de género en la República Dominicana”, presentado ayer por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), a propósito de conmemorarse mañana el Día Internacional de la Mujer.
El estudio resalta que aunque el país ha logrado avances en los marcos legales y en la elaboración de planes estratégicos para el mejoramiento de la situación sanitaria, no ha conseguido superar los indicadores básicos de salud como la mortalidad materna, que se sitúa en 107.3 por 100 mil nacidos vivos, es decir, 50% por encima de la región; reducir una tasa de embarazo adolescente de 89 por mil y proveer métodos anticonceptivos al 28% de las adolescentes y el 10. 8% en mujeres de más de 20 años.
La directora del Centro, Lourdes Contreras, dijo que el Estado tampoco ha sido capaz de priorizar la prevención de la violencia contra la mujer, ni lograr que los servicios hospitalarios públicos y privados la tipifiquen como un problema de salud pública.
Apunta que el riesgo asociado a la maternidad aumenta ya que los servicios de prevención y atención regularmente son insuficientes y de baja calidad.
Brechas en seguridad social
El estudio también plantea que la cobertura de la seguridad social es bastante baja para las mujeres, pues la afiliación al Seguro Familiar de Salud (SFS), así como al sistema de pensiones, se logra fundamentalmente mediante cotizaciones basadas en el salario, cuyo promedio es significativamente más bajo en el caso de las mujeres.
Resalta que a octubre de 2016, la afiliación al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia era de 1.95 millones de hombres y 1.48 millones de mujeres, brecha que se explica por la ausencia de políticas públicas que permitan a las mujeres conciliar el trabajo con la maternidad, lo que las obliga a espaciamiento de los periodos laborales.
Argumentan que aunque el acceso de mujeres y hombres al SFS es similar, una mayor proporción de mujeres pertenece al régimen subsidiado, caracterizado por menor calidad y cobertura en los servicios. “Debido a la brecha de género en el acceso al mercado de trabajo formal, la población afiliada como dependiente es mayoritariamente femenina (52% mujeres y 48% hombres)”.
