No hay dudas de que la protección al consumidor tiene una gran importancia por el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas. Dicha protección, sin embargo, debe llevarse a cabo mediante mecanismos efectivos y verdaderamente conducentes a resolver los problemas y no simplemente a enriquecer y adornar discursos politiqueros.
Existen distintas leyes en casi todos los países del mundo relativas al ordenamiento del mercado. Varias de estas leyes contienen disposiciones que de ser en efecto aplicadas podría comenzar a desarrollarse una situación de menos desamparo para los consumidores.
Hablar de proteger al consumidor, por tanto, no debe tratarse de propuestas demagógicas como someter a un forzoso control de precios a pequeñas y medianas empresas cuyos costos de producción no lo permitiría sin llevarlas rápidamente a la quiebra. Se trata de lograr el cumplimiento de normas que pretenden un libre comercio saludable como las leyes de Protección al Consumidor o leyes de Defensa de la Competencia para evitar abusos reales, especialmente aquellos cometidos por las grandes empresas. Es imprescindible hacerse valer de estas leyes para evitar, por ejemplo, ofertas engañosas y falsos especiales anunciados por tiendas y mercados.
Sería de gran utilidad, incluso para reducir los gastos de las otras empresas, perseguir y sancionar el cobro de servicios no brindados como el suministro de energía eléctrica o lo que ofrecen las telefónicas. Y, definitivamente, tendría una importante repercusión en el mercado la aplicación de las leyes para impedir las condiciones que dan lugar a la generación y sostenimiento de monopolios que degeneran en posiciones dominantes abusivas y con ello a su vez en excesiva fijación de precios en perjuicio directo del consumidor.
En países con exorbitante y descontrolado gasto público, una política fiscal lesiva para el ciudadano común, una nómina estatal innecesariamente hipertrofiada, una creciente falta de liquidez y en general una serie de situaciones que evidencian que hablar de economía blindada es un chiste de mal gusto, la crisis financiera global constituye una amenaza que resulta más peligrosa aún para los que poco tienen y que tristemente constituyen mayoría aplastante en muchos lugares. Es por esto que la protección al consumidor se hace en estos momentos más urgente que otras ocasiones porque podría amortiguar los efectos de la crisis inevitablemente venidera. Sin embargo, dicha labor debe basarse en herramientas sensatas y mecanismos legales existentes a fines de que el consumidor sea realmente protegido y no sencillamente, como ya es usual, utilizado como excusa para la ejecución de medidas gubernamentales de corte populista.
