La historia de la educación preuniversitaria de América Latina, sus avances, sus desafíos, y hasta sus despropósitos, ha estado muy vinculada a la actividad gremial magisterial.
En algunos países, representa un poder político que puede coadyuvar los fines y objetivos gubernamentales, o por el contrario, actuar como órgano de oposición controversial.
República Dominicana, no escapa a esa realidad regional. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) fundada desde 1970, por décadas, ha liderado luchas extensas e intensas a fin de lograr mejoras salariales y, en general, mejores condiciones de vida laboral y personal para sus miembros.
Para contextualizar brevemente, recordemos la estructura interna de la ADP. Tiene un Comité Ejecutivo Nacional que está constituido por 21 miembros; estos corresponden a diferentes corrientes magisteriales y se constituyen en bloques, uno alrededor del oficialismo o del Gobierno y otro, de la oposición.
En estos momentos, el oficialismo tiene la mayoría, incluyendo a la presidencia. El Comité Ejecutivo traza la línea de acción a nivel nacional; sin embargo, a nivel local hay una dirección municipal o zonal con una directiva constituida por 11 miembros, que al igual que en el Comité Ejecutivo Nacional, sus miembros pueden pertenecer a diferentes corrientes magisteriales. En la actualidad, hay 155 seccionales de ADP, en su mayoría dirigidas por la corriente oficialista y aliados.
Por décadas, las demandas de la ADP han sido cíclicas, aún después del Pacto para la Reforma Educativa, firmado en el 2014, y en cuya agenda la ADP participó de la mano de la sociedad civil. Tradicionalmente, se exige un pliego de demandas dentro de las cuales está, por supuesto, aumento salarial, construcción o subsidios para viviendas, mejores condiciones de trabajo, mejoras de los servicios del Seguro Médico para Maestros (SEMMA), construcción de casa club, equipamientos de laboratorios, nombramientos de maestros en áreas, o comunidades específicas, etc.
En estos años hemos echado de menos, la demanda de algún plan de formación integral que implique, además de formación académica, promoción al desarrollo personal de los docentes.
En las últimas semanas, la sociedad ha estado atenta a los nuevos reclamos de la ADP a favor de sus miembros, y a los diálogos de este gremio con el Ministerio de Educación del país, a fin de arribar a un acuerdo entre las partes.
En la próxima entrega, analizaremos los avances e implicaciones de estas
negociaciones. l
