Las protestas violentas a mediados del 2013 en Turquía, Grecia, España y Brasil, extendidas a otras naciones como Chile y Costa Rica, partieron de pequeñas expresiones de inconformidad que pusieron en evidencia el enorme grado de empoderamiento de las juventudes y las clases media de esos países y el alto nivel de descontento social existentes entonces en cada uno de ellos.
Recuerdo que en Brasil las protestas se originaron contra un aumento de pocos centavos al precio del transporte, a las que se agregaron después otras demandas, obligando a la presidenta Dilma Rousseff a hacer cambios radicales en el gobierno.
Tal vez el más significativo de todos se relacionaba con la lucha contra la corrupción, en la que la señora Rousseff cosechó inicialmente importantes lauros, que al parecer no fueron suficientes para los brasileños. Me refiero a la derogación por el Congreso de una ley que limitaba la investigación de los fiscales en casos de corrupción que involucraban a funcionarios públicos. Esa limitación constituía, sin duda alguna, una traba a los esfuerzos de la administración de la señora Rousseff para adecentar al gobierno, a pesar de sus logros en esa área, con la destitución y enjuiciamiento de influyentes figuras públicas de su propio partido.
Acciones de ese tipo en el Congreso y la Justicia dominicana servirían para evitar experiencias dolorosas resultantes de la creciente decepción que provoca el vasto historial de corrupción e impunidad que afecta el presente y oscurece nuestro futuro. En Brasil y otros países no se usó la explosión social para reprimir a la población, sino para iniciar un proceso de revisión de las causas del malestar que la provocó. Una lección que deberíamos aprender si aprovechamos el movimiento social contra la impunidad para establecer un gran compromiso nacional que ayude a desterrar el cáncer de la impunidad.
