En los últimos días, la sociedad dominicana ha sido sacudida por un bombardeo incesante de informaciones en torno a un tema que reviste gran relevancia para el fortalecimiento de la democracia. Y por qué no, para el desenvolvimiento normal de nuestra vida republicana.Históricamente, cada proceso para elegir a los miembros del máximo órgano electoral viene dado de controversias que en algunos casos han sobrepasado los límites de la cordura y el buen comportamiento que deberían mostrar los actores involucrados en esta tarea.

La propia Carta Magna define la forma y los procedimientos para conformar la estructura establecida para la JCE. Sin embargo, existe un pasado gris de triste recordación que, desafortunadamente, en la práctica justifica las inquietudes que se tejen alrededor de este proceso.

Los partidos de oposición, haciendo uso de su derecho de opinar, debatir y cuestionar, alzaron su voz y dejaron ver sus reservas sobre la elección de los nuevos jueces de la JCE. Algunos fueron drásticos y hasta cierto punto irrazonables en sus posturas, mientras que otros exhibieron conductas más mesuradas.

El artículo 212 de la Constitución deja bien claro el rol básico del organismo comicial: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.

Siendo tan explícito este apartado de la Carta Sustantiva, entonces lo ideal sería que la clase política, en vez de mostrar dudas a destiempo y descalificar nombres de manera ligera, enfoque sus preocupaciones en otras cuestiones mucho más relevantes.
Me refiero a importantizar las cualidades éticas y morales que como sociedad organizada debemos exigir no sólo a los miembros de la JCE, sino a todos los que ocupen cargos dentro del Estado. Y en el caso específico de esta institución, porqué no darles un voto de confianza a los jueces seleccionados, y que las leyes y el pueblo sean los vigilantes supremos de sus actuaciones.

Cada partido político tiene derecho a abogar para que la JCE esté revestida de total transparencia, precisamente para garantizar que se cumpla sin temores lo establecido en el artículo 212 de la Constitución. Pero hay otras cuestiones que igual siguen siendo imprescindibles para que exista plena confianza en el montaje de los procesos electorales.

¿Acaso la escogencia de los jueces de la JCE de repente nos hizo olvidar la urgencia de aprobar la dilatada ley de partidos políticos, que realmente es el instrumento que adecentará y dotará de garantías plenas el ejercicio político-electoral en República Dominicana? Los políticos no podemos perder de vista que, al margen de cualquier situación coyuntural, la fiebre no está en la sábana. 

Esta sociedad que componemos está llena de instituciones y personalidades autoritarias. Desde el hogar, la escuela, los centros sociales, los funcionarios públicos, las agencias de servicio, inclusive aquellas encargadas de mantener el orden social que saben que la represión legal que ejercen tiene que ser respetuosa de las leyes y de los derechos ciudadanos, en su gran mayoría parecen preferir como sus autoridades formales a los energúmenos y a los trogloditas sobre la gente comedida, respetuosa y servicial.

Padres y madres que reparten golpes y castigos, pero nunca nadie ni el o la consorte, ni pariente ni vecino denuncia ese trato vejatorio y de maltrato infantil o del menor de edad a la Fiscalía, maestros que dan cocotazos, ponen castigos y agreden con frases hirientes a sus alumnos. Oficiales de servicios públicos que entregan prioridades entre sus atendidos si le dan propinas.

Hace unos pocos días leí unas declaraciones del Jefe de la Policía, de seguro afectado porque la inauguración del sistema 911 se manchó con decenas de miles de llamadas de necios, que merecen ser identificados y, si han violado alguna ley, sometidos a la Justicia. Su enojo, sin embargo, lo llevó a hablar indebidamente, y a hacer inferencias sobre bases defectuosas.

Se me ocurrió pensar que el Jefe de la Policía parece suponer que los servicios telefónicos prepagados son producto inventado por maleantes para obtener un mecanismo de comunicación telefónica sumergida, escondida o ilegal, cuando la verdad es que fueron introducidos por las empresas telefónicas para ensanchar su mercado hacia las clases populares que no tenían en el momento de su introducción, poder financiero para solventar los requerimientos contractuales del celular regular de paga mínima mensual más sobreuso. Para ese segmento de mercado, el celular es sin dudas su instrumento más valioso.

No aparece ninguna referencia a lo más obvio; es decir, a que ese desborde de ganas de insultar, amenazar y molestar a los operadores del sistema 911 es un síntoma de algo que debería estar entre sus principales ocupaciones. Talvez al menos preguntarse, ¿por qué alguien nos agrede a escondidas? La respuesta más obvia es porque pensaban salirse con la suya, que como parece lograron, pues la policía solo consiguió identificar 394 sujetos de 45,230 llamadas. En todo caso, suponiendo que las llamadas todas fueron de diferentes teléfonos, los molestosos representan un máximo de 4.52 por ciento del parque de teléfonos nacionales pero menos de un 1.0 por ciento de las llamadas. Alégrese, señor Jefe de la Policía Nacional, más del 99.0 por ciento de las llamadas recibidas fueron propias del servicio.