Si se llegara al ideal improbable de transparentar el financiamiento de las campañas electorales, dudo que el país pueda ser el mismo. Y dudo también que los partidos y líderes reclamantes resulten ilesos. La demanda sobre el uso de dinero de dudosa procedencia en campañas se centra sobre las dos últimas para cuestionar la elección y reelección del actual presidente. Pero para nadie sería extraño que algunos sanedrines de la política dominicana pierdan la virginidad si llegara a lograrse esa meta, porque si algo se acepta como una verdad inconmovible como el pico Duarte es que el dinero llega a todas partes, en proporción a las posibilidades de partidos y candidatos.
De manera pues que con toda seguridad, y muy pocas excepciones resultantes de sus reducidas posibilidades, la transparencia relacionada con el financiamiento de las campañas dejaría al país estupefacto, y no encuentro otra palabra para describir la sensación que probablemente sentiríamos en caso de que ese necesario ejercicio de moralización política se hiciera sin prejuicios y, por supuesto, sin excepción alguna. El caso es que ni siquiera el uso del dinero legal procedente del financiamiento estatal se transparenta y los informes de los partidos a la Junta Electoral dan ganas de llorar, sin que se hable de ello en los medios.
Se sabe que el dinero de los sobornos de Odebrecht no ayudó a la campaña del presidente actual, según lo ha dicho el asesor presidencial preso en Brasil, que en su situación nada gana con mentir sobre el caso. Además, si los sobornos financiaron las campañas sería ingenuo creer que sólo fueron a un lado del espectro, cuando en los dos últimos procesos las encuestas apuntaban hacia una segunda vuelta que probablemente lo hubiera cambiado todo.
El problema es que la política nacional se degradó tanto que todo llegó a aceptarse como válido y lo único importante es ganar, sin importar cómo.
