Recientemente fue introducido en la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley que persigue generar nuevos ingresos tributarios para contribuir al sostenimiento y expansión del Sistema Nacional de Emergencias (9-1-1). Se propone crear una tasa de US$0.02 pagadera en su equivalente en pesos dominicanos, por cada minuto de tráfico internacional de voz entrante, y un cargo fijo de US$0.0025 pagadero en su equivalente en pesos dominicanos, por cada mensaje de texto (SMS) internacional entrante que termine en las redes de las prestadoras dominicanas. Utilizando como base el año 2016, la propuesta generaría cerca de RD$3,700 millones.
En el 2016 las empresas telefónicas establecidas en el país recibieron ingresos brutos por sus operaciones ascendentes a RD$90,721 millones, mostrando un crecimiento anualizado de 4.3% durante el período 2007-2016, ligeramente superior a la tasa de depreciación anualizada del peso durante ese período (3.7%). El total de impuestos pagados por el sector telefonía (empresas y usuarios del servicio de telecomunicaciones) ascendió a RD$26,526 millones el año pasado. Este valor se descompone de la siguiente manera: Itbis liquidado ante la DGII, RD$7,345 millones; Impuesto selectivo de 10% sobre Servicios de Telecomunicaciones, RD$6,425 millones; Impuesto sobre la Renta de las Empresas, RD$5,071 millones; Impuesto sobre Retenciones y Retribuciones de Renta, RD$4,057 millones; Itbis adelantado en las aduanas (DGA), RD$1,918 millones; Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2%, RD$1,396 millones; Arancel de Aduanas, RD$230 millones y Otros Impuestos (sobre Activos, IVSS, Juegos Telefónicos y otros), RD$82 millones.
¿Contribuye el sector de telecomunicaciones en el pago de impuestos en proporción a su participación en el PIB? La participación del sector telecomunicaciones en el PIB ha venido descendiendo. Mientras en el 2007, el PIB del sector telecomunicaciones equivalía al 2.1% del PIB total, en el 2016 la participación fue de sólo 1.1%. Si todos los sectores contribuyesen en el pago de impuestos en proporción a su aporte al PIB, al sector telecomunicaciones le habría correspondido pagar en el 2016 el 1.1% del total de los ingresos tributarios. ¿Cuánto pagó? El 6.5%, es decir, seis veces más de lo que le correspondería de acuerdo a su participación en el PIB total.
Ningún otro sector de la economía dominicana paga relativamente más impuestos que el sector telecomunicaciones. Por cada peso de ingreso bruto que reciben las empresas de telefonía, 29 centavos son pagados por ellas, sus empleados y los usuarios del servicio al Estado en forma de impuestos y contribuciones. ¿Cuál es la presión tributaria que enfrenta el sector de telecomunicaciones? En el 2016, el PIB del sector telecomunicaciones ascendió a RD$35,727 millones. Dividiendo el total de impuestos pagados por las empresas telefónicas, sus empleados y los usuarios del servicio de telecomunicaciones en el 2016 (RD$26,526 millones) por el PIB nominal del sector, se tiene que durante el pasado año la presión tributaria que enfrentó dicho sector fue de 74%.
La República Dominicana es observada como cuerpo extraño en los foros internacionales de telecomunicaciones al ocupar el primer lugar en el ranking de los mayores impuestos cobrados sobre el servicio de telecomunicaciones de la América Latina y el Caribe. En el caso de la telefonía móvil, por ejemplo, los impuestos consolidados sobre dicho servicio en República Dominicana ascienden a 30% (18% del Itbis, 10% del Impuesto Selectivo, y 2% de Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones), ocupando el primer lugar, por encima de Brasil (28%), Ecuador (27%), Jamaica y Argentina (25%), Uruguay (22%), Colombia (20%), Chile (19%), Perú y México (18%), Venezuela (16%), Nicaragua y Trinidad & Tobago (15%), Bolivia (14.9%), El Salvador y Costa Rica (13%), Guatemala y Honduras (12%), Paraguay (10%) y Panamá (7%).
Ese ranking se repite, prácticamente sin cambios, en el caso de los impuestos que gravan el servicio de internet de banda ancha, uno de los factores que explica el porqué dicho servicio en el país es uno de los más caros de la región.
Proponer que se establezcan nuevos impuestos al sector más gravado de la economía dominicana debe ser motivo de serias preocupaciones. Dejaría entrever la existencia de un serio déficit de comprensión sobre el apoyo que provee el sector telecomunicaciones al resto de los sectores económicos y los hogares, y el papel que este sector juega en el engranaje del motor de competitividad de cualquier economía. Pero además, revela la existencia de un déficit todavía mayor de creatividad de nuestros diseñadores de políticas públicas y hacedores de leyes.
Todos estamos de acuerdo sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad y viabilizar la expansión del Sistema Nacional de Emergencias (9-1-1). Sabemos que se necesitan recursos que el Estado hoy no tiene. Aquí van dos sugerencias. República Dominicana es el país latinoamericano con los mayores márgenes consolidados de distribución y comercialización de combustibles. No es por casualidad el boom sin precedentes que se observa en la instalación de modernas estaciones de expendio. Los beneficios han subido aún más debido a la demanda adicional de 56 millones de galones de gasoil al año que hoy atienden las estaciones de combustibles debido a la eliminación del subsidio que otorgaba el Gobierno a los transportistas. Una reducción de 10% en los márgenes vigentes, manteniendo invariable los precios de venta al público, liberaría recursos por unos RD$4,000 millones al año que podrían ser utilizados para crear un Fondo Especial para el Sostenimiento y Expansión del 9-1-1.
Otra alternativa sería la de imitar al resto de los países de la región y a EE UU, eliminando la exención del ITBIS ( IVA en la región y “sales tax” en EE UU), arancel e impuestos selectivos sobre las importaciones con valor declarado inferior a US$200.00 que ingresan a las aduanas dominicanas a través del sistema de correo expreso, lo que generaría cerca de RD$5,000 millones. Estas alternativas, a diferencia de la propuesta de gravar más las telecomunicaciones, reducen rentas excesivas o eliminan exenciones distorsionantes y absurdas. ¿No les parece?
