Caracas. La fiscal general de Venezuela abrió el miércoles siete investigaciones por los civiles detenidos que son juzgados por tribunales militares. Luisa Ortega Díaz dio un nuevo paso en su distanciamiento del gobierno al objetar los procesos militares, que aseguró que van en contra de la constitución, y cuestionar las acciones de las fuerzas de seguridad en el control de las protestas. El presidente Nicolás Maduro y otras figuras del gobierno han defendido los procesos militares contra civiles y las actuaciones de la Policía y la Guardia Nacional, y han acusado a la oposición de asesinar algunos manifestantes para alentar las protestas. En una conferencia de prensa, Ortega Díaz reveló que el universitario Juan Pernalete murió por un disparo de una bomba lacrimógena que lanzó un guardia nacional, lo que anuló la versión del gobierno que acusó a manifestantes opositores de asesinar al joven con una pistola de perno. El universitario, de 20 años, murió el pasado 27 de abril tras sufrir una herida por un disparo que recibió en el pecho durante una protesta en los alrededores de la Plaza Francia de Altamira.
Mientras tanto, varios miles de opositores marcharon el miércoles por el este de Caracas en rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral de posponer hasta fin de año la elección de gobernadores y acelerar el proceso constituyente promovido por Maduro. Cientos de policías con equipos antimotines bloquearon el paso a los manifestantes cuando intentaban avanzar hacia la sede del Consejo Nacional Electoral, en el centro de Caracas. Un grupo de manifestantes tomó la principal autopista de la capital y fue reprimido por guardias nacionales que les lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma y potentes chorros de agua desde un camión cisterna.
