El Consejo Nacional de la Empresa Privada consideró que sería muy negativo para el clima de negocios demorar en la aprobación del proyecto de ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aprobado en el Senado y que ahora estudia la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
El presidente del Conep, Pedro Brache, expresó su interés de que sea aprobada la iniciativa, pues de lo contrario podría verse afectada la inversión extranjera en el país y se estaría frente al riesgo de perder todas las cuentas de corresponsales.
“Vinimos a ratificar que necesitamos tener un proyecto de ley que pase y cumpla con las expectativas del Gafi”, expresó Brache, quien sostuvo un encuentro con los miembros de la Comisión de Justicia presidida por el diputado Henry Merán.
Brache entregó a los congresistas un documento con las recomendaciones del Consejo. Dijo que el sector que representa sostuvo varias sesiones de trabajo con el sector gubernamental donde llegaron a acuerdos, que luego no fueron plasmados en la versión del proyecto de ley aprobado en el Senado.
En ese sentido consideraron que dentro de la iniciativa se establezcan cláusulas que protejan los derechos fundamentales de todo ciudadano y que nadie pueda ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delitos precedentes del lavado de activos según el derecho aplicable.
El Conep solicitó incluir en el referido proyecto la irretroactividad, “los recursos ilícitos generados por delitos tributarios, medioambientales, y de propiedad intelectual solo se considerarán susceptibles del lavado de activos cuando los hechos que dan lugar a los mismos hayan sido cometidos aparte de la entrada en vigencia de dicha ley” dice el documento.
Asimismo proponen que los delitos tributarios, medioambientales, y de propiedad intelectual, serán considerados infracciones en caso que hayan generado recursos ilícitos por un monto que exceda el equivalente a mil 500 salarios mínimos del sector público centralizado. Si se produce más de una infracción en un periodo de un año y el monto total excede el umbral, entonces se considerará como delito precedente.
Henry Merán explicó que dicha reunión forma parte de una serie de consultas que han programado a los fines de ponderar las opiniones y solicitudes de la ciudadanía en virtud de la pieza.
La Comisión tiene plazo hasta este martes para la entrega del informe. La premura en el conocimiento de la pieza se debe a que el país, como signatario de acuerdos
internacionales, será evaluado sobre los avances en términos institucionales que ha tenido el Estado dominicano en todo lo que tiene que ver con el lavado.
El Comité de Gestión Financiera Internacional (GAFI) tiene como función regir la mayoría de las transacciones financieras a nivel global y que el interés principal es que República Dominicana pueda pertenecer al Grupo Gafilat, la cual dirige las operaciones en 36 países miembros y 8 grupos regionales en Latinoamérica.
