El concepto Presupuesto Participativo Municipal (PPM) creado por la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, es un enunciado teórico que define el marco de desempeño de la ciudadanía en la gobernanza de su comunidad.
El artículo 237 define y cita los objetivos del sistema de Presupuesto Participativo Municipal, el primero de los cuales indica que es contribuir en la elaboración del Plan Participativo de Inversión Municipal, propiciando un balance adecuado entre territorios, urbanos y rurales. El segundo objetivo procura fortalecer los procesos de autogestión local y asegurar la participación protagónica de las comunidades en la identificación y priorización de las ideas de proyectos.
Y todos esos objetivos preceden al mandato del artículo 236, titulado “Participación Ciudadana”, que dice que los ayuntamientos fomentarán la colaboración ciudadana en la gestión municipal con el fin de promover la democracia local y permitir la participación activa de la comunidad en los procesos de toma de decisión sobre los asuntos de su competencia.
Se trata de un mandato que permite a los munícipes empoderarse de las iniciativas para la realización de las obras que demandan sus comunidades. Según la propia ley, el 40 por ciento de los ingresos de los cabildos debe destinarse a inversiones, a obras.
Las quejas siempre han estado presentes en ese aspecto. Por tanto, el papel de las comunidades a través de sus diversas instancias, es fundamental para que se realicen las necesarias y en la proporción que dispone la ley.
Un reciente informe general del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal, una plataforma tecnológica, que da seguimiento a la gestión pública de los gobiernos locales y a su avance en gestión de recursos humanos, planificación territorial y gestión presupuestaria, entre otras acciones, halló fallas en casi todos los cabildos, en diferentes niveles de incumplimientos.
El viernes último la Alcaldía del Distrito Nacional realizó una asamblea comunitaria en siete sectores de su jurisdicción con el propósito de consensuar la distribución del presupuesto participativo en esas circunscripciones capitalinas.
La acción no es patrimonio de la Alcaldía del Distrito Nacional ni de ningún otro gobierno municipal. Es sin embargo, el trayecto que tienen que recorrer todos los cabildos y sus autoridades para promover la democracia local, activa y participativa. l
