En un extenso comunicado dirigido a la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, que se publica en esta edición, la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF), cuestiona distintos aspectos del Plan Maestro de la Política Farmacéutica Nacional elaborado por las autoridades sanitarias con la participación de asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En su detallada exposición, la ARAPF expresa que el Plan constituye «un atentado contra la existencia, permanencia y supervivencia del sector farmacéutico privado», propósito que atribuye a los asesores del organismo internacional a los que acusa de mostrar «mala disposición hacia el sector privado».
La entidad farmacéutica cuestiona la propuesta de crear una Agencia Nacional de Alimentos, Medicamentos y Productos Sanitarios, considerando que la misma es innecesaria y duplicaría las funciones de la Dirección que existe en el Ministerio de Salud Pública con esas mismas funciones. Al mismo tiempo aboga por dedicar más tiempo y mayor capital a la capacitación de los recursos humanos a fin de poder prestar un servicio de calidad a los usuarios y una eficiente vigilancia farmacéutica.
En otra parte de su exposición, la ARAPF afirma que la mayor parte del mercado nacional de medicamentos está servido por productos genéricos, sin que la comercialización de genéricos de marca muestre diferencia de calidad ni ostensible de precios con los mismos.
En su comunicado, la entidad sostiene que el mercado farmacéutico nacional ha operado de manera normal por más de cincuenta años en forma «ética y eficiente» y con un elevado grado de competitividad. Al respecto, hace notar que el Resumen Ejecutivo del Plan Maestro presentado por Salud Pública, reconoce que «el diagnóstico del mercado dominicano no muestra problemas de primer orden en materia de nivel de precios de los medicamentos disponibles», por lo que considera innecesaria la intervención de las autoridades sanitarias en su funcionamiento.
Por otra parte, la entidad rechaza de plano, calificándola de «totalmente falsa», la referencia se hace en el Plan afirmando que «en República Dominicana existe «una percepción generalizada, no basada necesariamente en la evidencia, de la baja calidad de los medicamentos disponibles en el mercado». La ARAPF señala que tal pudiera atribuirse a los que expenden las llamadas Farmacias del Pueblo, pero nunca a los fármacos que se dispensan en el mercado farmacéutico privado «cuya calidad jamás ha sido puesta en duda por la clase médica dominicana».
Refiriéndose a los medicamentos falsificados y contrabandeados, la entidad farmacéutica advierte que «constituye un grave riesgo para la salud pública» al tiempo de afirmar que ha habido falta de voluntad de las autoridades para enfrentar el problema, pese a que en el país existe la Ley 22-06 sobre Medicamentos Ilegales, promovida por la propia ARAPF, al amparo de la cual varios violadores de la misma han sido condenados.
Finalmente, la entidad farmacéutica rechaza la recomendación de que las ARS organicen su propia red de proveedores de medicamentos señalando que el sistema centralizado de compras nunca ha funcionado apropiadamente en los lugares en que se ha promovido.
