Transcribo de manera íntegra la lista completa con todos los nombres de los implicados en el caso de corrupción Odebrecht, incluyendo el monto con el que fueron sobornados por la constructora brasileña: Ana, Mercedes, Gloria, Alba, Yuleidys, Silvia, Juana, Leni, Estela, Dominga y Lisdalfy.
Obviamente, los nombres fueron escogidos al azar y ninguna de ellas tiene nada que ver con Odebrecht, pero representan dos puntos. El primero es que, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, cada año por cada 100,000 nacimientos vivos, se registran en promedio 106 muertes maternas. También indican que un 10 por ciento de esas muertes son consecuencia de abortos clandestinos. Las mujeres anteriormente mencionadas representan esas 10.6 mujeres (o niñas) que el país pierde, innecesariamente, todos los años.
El segundo punto es que, al emitir su informe “desfavorable” sobre las Observaciones del Presidente con respecto a tres causales del aborto en la revisión del Código Penal el pasado 31 de mayo, la Comisión Especial designada por el Senado de la República escogió un momento en que toda la atención de la población está centrada en el caso de corrupción Odebrecht. ¿Por qué? Quizás la Comisión, compuesta por ocho legisladores y una legisladora, esperaba hacerle “capú y no te abajes” a la mujer dominicana sin llamar mucho la atención sobre el asunto. Entonces, si para emitir una condena de muerte a las mujeres y niñas más pobres, la legislatura patriarcal (que es en un 72 por ciento masculina y controlada por el partido oficialista), se camuflajea entre la hecatombe Odebrecht, pues yo voy a utilizar el interés que genera el caso Odebrecht para hablar de la importancia de las tres causales.
El presidente de la Comisión Especial, el senador Rafael Calderón, declaró que la sociedad dominicana no tiene “capacidad para asumir” las tres causales y apoyar a la mujer en esta situación. Olvidó que según la encuesta CID Gallup Latinoamérica de octubre 2015, el último consenso entre la población dominicana fue que un 77% apoya el derecho de la mujer a decidir salvar su propia vida.
Tomada la decisión de rechazar las observaciones del Poder Ejecutivo en el Senado, el debate se traslada a la Cámara de Diputados, donde el 13 de junio se determinó que la decisión del Senado irá a la Comisión de Justicia, otorgándosele un mes para “estudiar la iniciativa” y rendir un informe. Tantos procesos confunden, ¿será ese el punto?
El derecho a la vida de la mujer dominicana es una pelota de ping pong. Debemos continuar humanizando el tema.
Una de las mujeres mencionadas en este artículo, Lisdalfy Morrobel, no tuvo absolutamente nada que ver con el caso Odebrecht, pero sí murió por la indiferencia legislativa de su país, que no se preocupó por salvarle su vida cuando un embarazo la puso en riesgo.
Lisdalfy tenía 20 años cuando falleció el día 3 de marzo del 2017. Era aguilucha, le gustaba leer poesía, escuchar a Marco Antonio Solís, jugar el videojuego Mario Kart, leer los periódicos y el Derecho Procesal Penal. Lisdalfy pudo ser tu hermana, tu hija, tu compañera de trabajo. Lisdalfy pudiste ser tú, pero no lo era. Ella era un ser humano con derechos propios, incluyendo el derecho más fundamental: el derecho a salvar su propia vida, porque su vida valía por sí misma. Ese derecho le fue negado a ella y hasta que se le continúe negando a todas las dominicanas, viviremos entre un ejército de Lisdalfys potenciales: todas a ley de un embarazo peligroso que nos lleve al borde de la muerte… y nos cruce. ¿Hasta cuándo?
