El compromiso de cualquier Estado es el de llevar a cabo políticas públicas que puedan hacer frente a los distintos problemas que padece la población. Una buena política pública es aquella que tiene impacto positivo en la calidad de vida de la gente. Siendo este el centro, toda iniciativa gubernamental tiene que estar fundamentada en los principios de eficiencia, transparencia, equidad y participación. Son tan diversos los problemas y tan limitados los ingresos fiscales, que el Estado tiene que establecer prioridades y comprometerse con un uso racional de los recursos públicos. No es mucho lo que se puede avanzar hasta tanto no haya un cambio radical de la estructura fiscal existente en el país.
Sin embargo, en el actual contexto se han implementado políticas públicas que se constituyen en buenas noticias para los dominicanos, en medio de esta situación de tanta precariedad. Una de ellas es la ampliación del Sistema Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad (9-1-1), el cual brindará servicio en las provincias de Santiago y Puerto Plata. Con este nuevo paso, el 9-1-1 alcanza a la mitad de la población proporcionando atención en las áreas de seguridad pública, salud, violencia intrafamiliar, entre otras. Esta buena nueva no solo tiene que ser reconocida y apoyada, sino demandada en otras regiones del país para que sea replicada.
Otra experiencia positiva en materia de política pública lo constituye el trabajo que viene realizando el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Esta institución de carácter público tiene cada vez mayor alcance en la población, proporcionando servicios de salud con eficiencia y calidad. Impresiona el dato de que más del 40% de la población está afiliada a Senasa a través de los regímenes contributivo y subsidiado. Personas tradicionalmente excluidas del sistema o víctimas de pésimas coberturas de salud, como pensionados, jubilados, trabajadoras domésticas, policías y militares, cuentan ya con el servicio de esta institución.
El 9-1-1 y Senasa, son solo dos ejemplos de lo que un Estado puede hacer si administra bien los recursos y centra sus políticas en la gente. Esta es la razón de ser del Estado. La gran meta debe de ser lograr un mayor compromiso de la clase política con la formulación e implementación de políticas sociales que reduzcan la deuda social y enfrenten los profundos niveles de desigualdad que existen en el país. Estas políticas tienen que desarrollarse desde una perspectiva de derechos. No puede haber lugar a dudas, este es el fin; como medios, se requerirá de una nueva fiscalidad, de una mayor institucionalidad, de transparencia y de una lucha efectiva contra la impunidad.
