El Caribe

Opinión

Balance general del sector público

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Deuda del sector público consolidado
Deuda del sector público consolidado (Redacción )

Cada niño que nace en República Dominicana este año asume una cuota en la deuda gubernamental ascendente a 110 mil pesos. Impactante. Conmovedor. Principalmente, cuando el mensaje llega a los damnificados de uno de los sistemas educativos de menor calidad de la región. Este señalamiento, cargado de dramatismo, es la punta de lanza de la campaña contra el endeudamiento público liderada por analistas en los medios radiales y de prensa, economistas, marchistas, empresarios y la oposición política en el país.

Para ellos, los US$34,103 millones de la deuda del sector público consolidado a final del 2016, que incluye la del Banco Central, han sido dilapidados en gasto corriente y corrupción. Afirman que no hemos progresado nada y que en el pasado, sin deuda pública, vivíamos mejor.

Es cierto que un niño que nace hoy, a diferencia de los hijos de los taínos, nace con un pasivo que deberá enfrentar desde que ingrese al mercado de trabajo y comience a tributar impuestos directos e indirectos, como sucede en todos los países del mundo donde el Estado está endeudado. En Estados Unidos, por ejemplo, cada niño al nacer asume una carga de 2 millones de pesos de la deuda federal -excluyendo la intragubernamental-, 18 veces la que recibe un recién nacido dominicano. Lo que no parece razonable es el argumento de que el endeudamiento público no ha repercutido favorablemente el desarrollo integral de la nación. Es cierto que un niño taíno nacía sin deuda, pero no olvidemos que su esperanza de vida era de 20-25 años. Los niños dominicanos que nacen hoy, lo hacen con un pasivo al lado, pero su esperanza de vida, al ser de 74 años, les provee un horizonte temporal lo suficientemente amplio para poder honrar la cuota que le ha sido asignada con su nacimiento. El hecho de que la esperanza de vida hoy sea tres veces mayor a la prevaleciente antes de la llegada de Colón, es una prueba clara de que hemos progresado. Las políticas públicas, incluyendo el endeudamiento, han sido factores claves detrás del progreso dominicano.

El déficit fundamental que exhiben muchos de los análisis sobre el endeudamiento público que escuchamos y leemos los medios radiales y de prensa, incluyendo los de economistas, marchistas, empresarios y la oposición política, tiene su origen en una miopía que los lleva a ver exclusivamente uno de los componentes del Balance General del Sector Público: la cuenta del pasivo. Por alguna razón, no se percatan de que existen otras dos cuentas importantes en el Balance: el activo y el patrimonio. Y que al igual que sucede en la contabilidad de las empresas, en las del sector público se verifica también la ecuación o identidad fundamental que establece que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto.

Los críticos del endeudamiento público aparentemente entienden que la deuda pública dominicana se ha destinado a financiar gastos corrientes y no ha contribuido a elevar el stock de activos del sector público. Están totalmente equivocados. Del 2000 al 2016, la deuda del sector público consolidado en la República Dominicana pasó de US$4,388 millones a US$34,103 millones, para un aumento de US$29,715 millones. Durante el período 2000-2016, la inversión pública ejecutada acumulada, medida en dólares del 2016, ascendió a US$35,621 millones. Asumiendo una depreciación anual de 2% en dichas obras de infraestructura física, el activo fijo en el Balance General del Sector Público aumentó en US$30,525 millones. A este valor debemos agregar el aumento en los activos corrientes del sector público, representado por el aumento de en los depósitos, valores e inversiones en el sistema financiero (OSD) y el de las reservas internacionales netas del Banco Central (RIN). Del 2000 al 2016, el aumento de los depósitos, valores e inversiones en el sistema financiero (OSD) fue de US$571 millones, mientras las RIN aumentaron en US$5,605 millones.

Como se puede observar, el total de activos en el Balance General del Sector Público aumentó en US$36,701 millones entre el 2000 y el 2016. ¿En cuánto subieron los pasivos, es decir, la deuda del sector público consolidado? En US$29,715 millones. En consecuencia, el patrimonio del sector público consolidado durante el período 2000-2016 aumentó en US$6,986 millones; los activos aumentaron más que los pasivos.

No es por casualidad que a pesar de los señalamientos de nuestros analistas en los medios radiales y de prensa, economistas, marchistas, empresarios y la oposición política, los tenedores de la deuda global dominicana siguen apostando a nuestra economía y a sus proyectos encaminados a mejorar la competitividad, como sucedió la semana pasada con la exitosa colocación de bonos globales por US$500 millones con vencimiento a 10 años y un rendimiento de 5.10%, el más bajo jamás ofrecido por el país en un título de semejante vencimiento, recursos que se destinarán al proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina. Este bono sustituyó el financiamiento del BNDES por US$656 millones, a tasa de Libor 5 años + 2.40% + comisiones y un vencimiento promedio de 8.44 años. Dado que Libor es variable, previéndose un rango entre 0.84% y 3.49% durante la vida del préstamo, el bono 2027 con costo financiero fijo de 5.10% y vencimiento más largo, probablemente resultará más favorable que el financiamiento sustituido.

Se miente a la nación, muchas veces con sinceridad incontrolable, cuando se dice que el endeudamiento público ha sido para pagar gastos corrientes. Es cierto que ese ha sido el objetivo del endeudamiento del Banco Central: endeudarse para cubrir el déficit cuasi-fiscal, fundamentalmente, el pago de los intereses sobre una deuda, dicho sea de paso, originada en fraudes incurridos por empresarios privados, ascendentes a US$2,200 millones, 24 veces el monto de los famosos 92.

En el caso del endeudamiento del sector público no financiero que incluye el del Gobierno Central, el objetivo ha sido financiar la inversión pública en obras de infraestructura física que contribuyen a aumentar la competitividad del país, fortalecer el capital humano y a mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

Las autopistas, las circunvalaciones, las carreteras, los puentes, los elevados, los túneles, los pasos a desnivel, los corredores ecológicos, los caminos vecinales, las calles, las avenidas, las líneas del Metro, los autobuses de transporte público, las hidroeléctricas y demás obras hidráulicas, los canales de riego, las plantas generadoras de electricidad, el sistema de transmisión de electricidad, las empresas de distribución, los acueductos, las plantas de tratamiento de aguas negras, los sistemas de alcantarillado, los puertos, los aeropuertos, los muelles marítimos, las viviendas de bajo costo, los proyectos de saneamiento ambiental y mejora de condiciones de vida como La Barquita, los hospitales, las escuelas y edificaciones educativas de nivel terciario, los centros de atención infantil, el Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 y la construcción de edificaciones, forman parte del conjunto de obras de infraestructura física que en gran parte han podido ser levantadas gracias al endeudamiento público. Obras que han contribuido al progreso de nuestra nación y a mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos. No es verdad que los taínos vivían mejor.

Recuperemos la sensatez y abandonemos la campaña negativa ejecutada aquí y en el exterior- incluso cabildeando publicaciones absurdas, denigrantes y mentirosas contra la nación en la prensa extranjera- por grupos que han optado por abrazar el caos si con ello logran desplazar al partido político, con sus fortalezas y debilidades, que más ha contribuido al progreso económico y social del país en el último cuarto de siglo.

Estoy consciente que esta última es una verdad que llevará a algunos a rasgarse las vestiduras. Lo mejor que le puede pasar a la democracia dominicana es que ese partido no se cruce de brazos y enfrente con la verdad la campaña de mentiras que se está ejecutando en detrimento de la nación. Debe unificar la visión y la estrategia para defender el aporte que ha hecho al progreso económico, social e institucional del país. A la mentira, por el bien de todos y de nuestra democracia, se le debe acabar el tiempo.


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