El proyecto de ley orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional haría posible la función del legislador de fiscalizar los demás poderes públicos, en consonancia con lo establecido por la Constitución y los reglamentos de las cámaras legislativas. El proyecto, que está siendo estudiado en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y ya fue aprobado por el Senado, señala que la función del Congreso Nacional como contrapeso del Gobierno Central y la administración pública, demanda que el control político se ejerza mediante instrumentos y procedimientos que garanticen la protección del patrimonio público.
La ley regulará los procedimientos requeridos por las cámaras legislativas para el examen de los informes de la Cámara de Cuentas, el examen de los actos del Poder Ejecutivo, las invitaciones, las interpelaciones, el juicio político y los demás mecanismos de control establecidos por la Constitución.
El texto manda a regular como se ejecuta el dinero público, los niveles de transparencia con que las autoridades públicas usan el dinero de los contribuyentes, los niveles de apego a la ley en que los funcionarios desempeñan sus funciones.
Al rendir su informe favorable el presidente de la Comisión de Justicia, Henry Merán, explicó que este proyecto después de la Constitución es el que más incidirá en la función de los legisladores.
“En la medida que en el país se siga institucionalizando, la función legislativa de los congresistas pasará a un segundo plano y la actividad principal del Congreso será la de fiscalizar a los demás poderes públicos”, dijo.
Esta ley, además, es una de las 33 que faltan por aprobar para adecuar la Constitución. La pieza fue sometida hace seis años por el representante de Santiago, Julio César Valentín, cuando aún era presidente de la Cámara Baja y a la fecha no ha sido convertida en ley.
Secreto bancario y tributario deben evaluarse
El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez expresó que en el momento actual que vive el país esta es una de las leyes más importantes para aprobar. Destacó dos elementos que deben ser abordados en la iniciativa y es el levantamiento del secreto bancario y del secreto tributario para todos los funcionarios públicos, como contribución a la transparencia.
