La Unión de Farmacias ha denunciado que en el Ministerio de Salud Pública, particularmente en la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), se discute un Plan Maestro de Política Farmacéutica Nacional que concedería potestad a las empresas administradoras de servicios de salud (ARS) a intervenir en la comercialización de productos sanitarios y medicamentos.
El mercado de los medicamentos y productos sanitarios en general constituye una de las cuatro actividades más lucrativas a nivel global y la competencia por el mismo es abrumadora. Pero los productos de la salud siguen siendo de difícil acceso para las personas, por sus altos costos.
Hay quejas sobre los elevados márgenes de las empresas vendedoras al detalle. El Estado trata de atenuar esa situación con su Programa de Medicamentos Esenciales (Promese), pero se queda corto, porque no hay sintonía entre los prestadores de servicios públicos y privados y la política asistencial en medicamentos del gobierno. Más bien existen convenciones no escritas entre los laboratorios o sus representantes y los médicos nada convenientes a los pacientes.
El drama de los pacientes para financiar las costosas recetas llenas de productos éticos es indescriptible, al extremo de que muchísimos mueren porque no pueden comprarlos.
¿Qué pasaría si ese panorama se amplía y se abre el mercado a las administradoras de servicios de salud? No es sólo el interés de las farmacias, que se vería afectado, sino el interés de los ciudadanos.
La salud pública es materia muy sensible. Agregarle en estos momentos otro ingrediente asociado a intereses comerciales es ampliar el marco de complicaciones.
La preocupación esencial del sector público debe ser trabajar para abaratar el acceso a los medicamentos, y se supone que el instrumento más idóneo para ese propósito es Promese.
En cualquier caso, para elaborar una nueva política farmacéutica tiene que agotarse un proceso de diálogo y consultas con todas las partes, siempre con la divisa puesta en la población.
