¡Increíble!

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¡Increíble!

La imagen de elCaribe el pasado lunes, que retrata una de las más osadas acciones de la delincuencia de estos tiempos, no podía provocar…

Los tribunales de la República despachan cada día cualquier cantidad de personas sometidas a procesos judiciales, mediante medidas de coerción determinadas por el artículo 226 del Código Procesal Penal o bajo el régimen de libertad condicional, según las previsiones del régimen penitenciario, a cargo del juez de ejecución de la pena.De acuerdo con el artículo 9, acápite n) de la ley 224-84 sobre régimen penitenciario, existe un departamento de “control para los condenados que gocen del beneficio del Perdón Condicional, para los reclusos en libertad condicional y de asistencia post-penitenciaria”.

Pero acabamos de descubrir que esa dependencia sólo está prevista en la ley, con un director, sin embargo, no cuenta con los medios necesarios para el desempeño de sus funciones. Debe dar seguimiento a quienes han sido favorecidos con alguna medida de libertad condicional que amerite un determinado cumplimiento frente a la autoridad judicial.

En cualquier país esa es una información como para alarmarse, sólo con pensar en la cantidad de reclusos que disfrutan de libertad condicional, o que han alcanzado la libertad mediante procesos abreviados y tienen que someterse a rigores o controles de presentación periódica o seguir una regla de obligado cumplimiento según la sentencia dictada.

Que el órgano llamado a llevar un control de esos ciudadanos no cuente ni siquiera con personal para hacerlo es gravísimo. Y peor aún, que esa situación esté ocurriendo desde la vigencia de la ley, que vendría a agravarse con un Código Procesal Penal garantista que facilita los medios para alcanzar la libertad a quienes están en conflicto con la ley.

Esa situación habría necesariamente que relacionarla con el alto número de reincidencia, con las quejas constantes acerca de individuos que cometieron un delito o un crimen, y andan por ahí en las mismas fechorías.

¿Cómo es posible que tantos distinguidos magistrados hayan pasado por la Procuraduría General de la República sin que prestaran atención para que haya un cuerpo de seguimiento de quienes han sido favorecidos con libertad condicional?

¡Increíble!

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La imagen de elCaribe el pasado lunes, que retrata una de las más osadas acciones de la delincuencia de estos tiempos, no podía provocar más estupor.

La expresión más gráfica para expresarlo fue: ¡Increíble! ¿Cómo es posible que unos criminales pensaran en cortar varios postes de acero, soportes de luminarias activadas por paneles? Imaginarlo y proceder en consecuencia, en una vía tan transitada, sobre el río Higuamo, en San Pedro de Macorís. ¿De qué hablamos? De la barbarie, de lo simplemente imposible. Pero se atrevieron y lo hicieron.

¿Qué significa eso? Que en la República la delincuencia ratera ha llegado a unas prácticas absolutamente desproporcionadas, que vulneran todo el sentido de la vida civilizada, que son inaceptables. Que los bandidos pueden pensarlo y hacerlo, y que eso quede bajo el manto del misterio y no haya sanción. Es el más dramático reflejo de irrespeto, de irreverencia a la ley, de desconocimiento de unas autoridades que debían velar por el orden y la seguridad.

Quizás vieron que otros criminales pudieron, con todo tiempo y calma, desarmar un puente de una comunidad de San Cristóbal, cargarlo, recorrer kilómetros y deshuesarlo. Y aquello se pudo. Unos cuantos postes de una obra magnífica como el puente Mauricio Báez era pan comido.

La sociedad, acostumbrada ya a toda suerte de escándalos, a los extravíos extremos de comportamiento social, parece que lo tolera todo, desde una perspectiva pasiva, como si nada pasara.

Nos parece que el desgarramiento del tejido social es demasiado grande y el corte horriblemente profundo. Que los organismos represivos del Estado tienen que reaccionar con energía, presteza y calidad investigativa. Que los jueces apliquen todo el peso  de la ley, de manera ejemplar.

Los dominicanos que creen que todavía es posible la vida en la República bajo reglas de cohabitación y respeto no pueden aceptar este vandalismo. ¡Hay que frenar la barbarie! Y que no nos vengan con aquella manida expresión de que “como ven que los grandes se enriquecen, también ellos se sienten en libertad de hacer esas cosas”. ¡Esto no puede ser!

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