1.-El acuerdo es importante en materia de seguridad internacional. EUA, qué es nuestro principal socio en materia comercial y aliado en el campo de la seguridad , y con el qué existe un potencial de crecimiento de los flujos turísticos hacia nuestro país, se encuentra expuesto a ataques terroristas dentro y fuera de sus fronteras, incluido sus medios de transporte. RD que tiene mucha debilidad y vulnerabilidad en materia de seguridad, incluida la aeroportuaria, debe hacerse cargo de esa realidad y actuar con la consciencia de que se encuentra en una región que es la tercera frontera de esa potencia mundial, y que por tanto, debe coordinar esfuerzos para evitar que desde su territorio se produzcan acciones en contra de esa nación, toda vez que eso implica graves riesgos a su propia soberanía e integridad. Todo indica que la política de Pre-Autorización de EUA, que se está expandiendo a muchos otros países del mundo y que sin dudas ofrece algunas ventajas para los estados anfitriones, se inspira en la estrategia de fijar las primeras líneas su defensa aeroportuaria más allá de sus fronteras.
2.-Para tener una evaluación cabal del acuerdo firmado el 1 de Diciembre en Santo Domingo es indispensable hacer un análisis comparativo con los demás acuerdos de esa índole en vigencia o recién suscritos. Esté análisis permitirá establecer si el suscrito se encuentra dentro del estándar acordado con otros países, o si por el contrario, está concebido con algunas condicionalidades o singularidades inaceptables.
3.-Es necesario destacar que el artículo III numeral 4 tiene una muy redacción confusa y cuestionable. Del mismo se desprende que la Pre-Autorización en RD no excluye la norma de la segunda inspección en territorio de USA, y que la excepción a la segunda inspección se dispondrá por » un acuerdo por separado o en un anexo al presente acuerdo» . No se entiende tampoco la mención» respecto a la implementación y mantenimiento de normas y protocolos de inspección de seguridad aérea que sean comparables a los existentes en los EUA» , sí ambas inspecciones la realizan las autoridades norteamericanas.Hay otros aspectos del Acuerdo que ameritan clarificación o revisión, como son lo relativo a Decomiso, y Tasas y Multas Administrativas. Debe precisarse si algunas de sus disposiciones podrían afectar el funcionamiento y/o los ingresos de la DGM.
Sin embargo, el aspecto más delicado, a la vez que el más cuestionable, del Acuerdo de Pre- autorización lo constituye lo acordado en el artículo III, numeral 6, relativo a las políticas de Asilo y Refugiados, y su remisión a un Anexo sobre la materia( «en apoyo a las obligaciones internacionales actuales «de la RD )que constituyen un evidente intento de los EUA por coartar o ejercer tutela sobre políticas o decisiones de soberanía en ese ámbito. Se trata de un asunto de gran significación en un contexto global y regional en el que cabe esperar que durante los próximos años los EUA endurezcan sus posiciones. De la lectura del texto y del contexto se desprende, que los EUA aspiran a qué personas que soliciten asilo o refugio en la Zona de Pre-Autorización y que el mismo le sea denegado, puedan ampararse en los instrumentos internacionales para permanecer en el territorio de RD. De ese modo, el problema pasa a la RD, y la posibilidad de generar situaciones conflictivas con con otros países de la región gran Caribe son más altas. Ademas, desde los organismos internacionales se promueve el concepto de migraciones compartidas, para distribuir la carga de los problemas provocados por guerras o conflictos. En ningún caso, la RD debe olvidar que EUA en 1994 presiono para la apertura de campamentos de refugiados haitianos en su territorio, y que incluso desde 1986 se concibió por sugerencia de Comando Sur de los EUA el plan de contingencia militar Éxodo ante la eventualidad de una crisis humanitaria creada en Haití por un conflicto con motivo de la caída de J C Duvalier. ( Dicho plan fue sustituido en el 2001 por el Plan Gavión) En otras palabras debemos cuidarnos de no ser convertidos en una zona de amortiguamiento de crisis de refugiados regionales o mundiales. Pakistán, Turquía, Jordania, Líbano, Costa de Marfil son ejemplos de Estados que han asumido ese rol. Pero lo más importante es que el referido anexo excede con mucho el ámbito del Acuerdo y le otorga a EUA y a los organismos internacionales unos poderes inaceptables de sobre las políticas o decisiones en materia de refugiados y asilo político. Solo por ese punto el Tribunal Constitucional debería rechazarlo como violatorio al artículo 3 de la Constitución de la República, que consagra el principio de autodeterminación y no intervención.
