Uno de los déficits más alarmantes que exhibe República Dominicana es el que arrastramos en lectura comprensiva: personas que leen, pero no comprenden. No emana únicamente, como podría pensarse, en los grados educativos de primaria y secundaria. Es notorio también a nivel de los egresados de nuestras universidades e incluso, de universidades extranjeras.
En días pasados, un reputado profesional, el señor Eulogio Santaella, dirigió una carta a la Comisión Investigadora del Proceso de Licitación y Adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), en la cual señala que el informe realizado por FTI Consulting incurre en errores aritméticos cuando compara el costo por kW de plantas construidas en América Latina.

Santaella indica que la capacidad bruta total de las dos unidades de la CTPC no puede ser mayor de 720 MW. Llega a ese resultado partiendo de su errada interpretación de que la licitación estableció una capacidad bruta de 300 MW (±20%) para cada unidad. Multiplicó 300 MW x 1.2 x 2 = 720 MW. Si Santaella hubiese leído con cuidado y comprendido el Informe de la Comisión, habría detectado que en la página 30, literal 3.d. de dicho informe, los 720 MW se referían a potencia neta, no bruta. En efecto, en la Descripción del Proyecto contenida en el Anexo A de los Antecedentes y Normas Aplicables a toda la Licitación, del 13 de mayo de 2013, está clarísimo que los equipos de generación debían entregar una potencia neta nominal de 300 MW (±20%). En otras palabras, los 300 MW (±20%) se referían a la capacidad neta, no bruta, como erróneamente dedujo Santaella.

Posco-Andrade Gutierrez-OCECON, uno de los consorcios participantes en la licitación, leyó correctamente lo establecido en el Anexo A y por esa razón, ofertó unidades de 374 MW brutos (748 MW en total). Odebrecht-Tecnimont-Estrella ofertó unidades de 376 MW brutos (752 MW en total), muy parecidas a la potencia ofertada por Posco-Andrade Gutierrez. Posco leyó y comprendió. Santaella no.

La deficiencia de lectura comprensiva pica y se extiende cuando Santaella ingresa al estadio de la Tabla 9 donde FTI compara los precios de plantas de carbón en América Latina. Santaella señala que FTI incurrió en un error aritmético, pues comparó el precio contratado para Punta Catalina, en US$ por kW-bruto, con precios de plantas en América Latina que él erróneamente interpretó que eran en US$ por kW-neto.

Debemos ser justos. La culpa de esta lectura deficiente de Santaella no es 100% suya. En primer lugar, el informe de FTI, en la página 30, indica que “para proporcionar una comparación, calculamos el costo de cada comparativo por unidad de capacidad en dólares por kilovatio ($/kW) usando el costo de capital anunciado dividido por la capacidad neta anunciada.” Santaella, en su lectura descuidada, no se dio cuenta que FTI incurrió en un error pues donde dice neta, debió decir bruta. ¿Porqué decimos que FTI cometió un error? Porque en la Tabla 9 elaborada por FTI, que presenta los datos para la comparación de los costos de capital de las plantas de carbón construidas en la región, en la cuarta columna, el encabezado dice “Groso MW”. Groso, palabra que Santaella también utiliza en su Tabla Ampliada de Costos Unitarios y Totales, aquí y en cualquier rincón del planeta, está más cercana a Gross (bruto) que a Net (neto). En efecto, todas las capacidades o potencias que se presentan en esa columna indican la capacidad bruta de esas plantas. En consecuencia, Santaella yerra cuando dice que FTI comparó el precio en US$ por kW-bruto de Punta Catalina con precios en US$ por kW-neto de las demás plantas construidas en la región. Todos los precios en US$ por kW que se presentan en la Tabla 9 del Reporte de FTI, son precios en US$ del 2017 por kW-bruto. El que indique lo contrario se aleja de la verdad.

En la Tabla de FTI, sin embargo, hay un error en el caso de Punta Catalina. Esta se contrató por US$1,945 millones. Cuando se deduce el costo del puerto de descarga que no está incluido en el resto de las plantas de la región, el precio contratado baja a US$1,849.5 millones. Ajustando a dólares del 2017 (243.90/234.140 = 1.01416), el valor aumenta a US$1,926.5 millones, suma que dividida entre los 752 MW de Punta Catalina, arroja un precio de US$2,562 por kW-bruto, ligeramente más bajo que el de US$2,585 presentado por FTI. Cuando se compara el precio correcto (US$2,562 por kW-bruto) de Punta Catalina con el promedio de la región (US$2,765 por kW-bruto), resulta que Punta Catalina se contrató a un precio 7.3% más bajo, y no 6% más bajo como erróneamente estimó FTI.

La comparación realizada por FTI pudo haber incluido otras plantas que se proyectaron y presupuestaron en Chile y luego, por diversas razones, no se construyeron. En este grupo resaltan Punta Alcalde (Endesa) con un precio de US$2,158 por kW-bruto en US$ de 2017; Barrancones, US$2,535; Castilla (MDX), US$2,716; Los Robles (AES-Gener), US$2,843; Luz de Atacama (supercrítica), US$2,979; e Infraestructura Energética Mejillones (con puerto de descarga), US$3,029. Además, la planta Guacolda V (AES-Gener), que se está construyendo a un precio de US$3,103 por kW-bruto. Y quizás la AES Fonseca en El Salvador, cancelada, con un estimado de US$3,572 por kW-bruto. Estas promediaban US$2,867 por kW-bruto, 12% más elevado que el de Punta Catalina.

Incluso debió incluirse la planta Itabo III que AES tenía previsto construir. Dado que el Gobierno dominicano decidió construir dos unidades en Punta Catalina, la empresa norteamericana pospuso su proyecto. Esta planta, con una capacidad bruta de 300 MW y que no requería puerto de descarga, tenía un presupuesto que oscilaba entre US$850 y US$950 millones, arrojando un precio promedio de US$3,000 por kW-bruto en dólares de finales del 2013, 22% más elevado que el precio contratado para Punta Catalina en dólares del 2013 (US$2,460 por kW-bruto).

De más está decir que la mayoría de las plantas de carbón construidas en América Latina no se han hecho sobre la base de estándares EE UU. Todas, absolutamente todas, generan emisiones de CO2 por encima de los 789 g/kWh garantizados en Punta Catalina. Es por eso que la comparación debe hacerse también con los precios estimados por entidades oficiales, reputadas firmas consultoras norteamericanas y organismos multilaterales. Cuando los precios de esas estimaciones son ajustados por escala, para llevar las plantas a unidades de 376 MW bruto y se miden en US$ de septiembre del 2013, resulta que el precio contratado para Punta Catalina, es 26% más bajo que el estimado por la US Energy Information Administration del Departamento de Energía de los EE UU, US$3,330 /kW-bruto; 47% más bajo que el estimado por Sargent & Lundy, US$4,607; 18% más bajo que el estimado por el National Energy Techonology Laboratory, US$2,990; 16% más bajo que el estimado por el ESMAP del Banco Mundial, US$2,917; 20% más bajo que el estimado por Black & Veatch, US$3,074; 33% más bajo que el estimado por Synapsse Energy Economics, Inc., US$3,679; y 11% más bajo que el estimado por el Congressional Research Center del Congreso de los EE UU, US$2,788.

Pero si no creen en esas estimaciones, echen un vistazo a la planta con capacidad bruta de 422 MW de Dry Fork Station en Wyoming, construida con calderas de Babcock & Wilcox (empresa que construye las de Punta Catalina), planta que costó US$1,350 millones en dólares del 2011, lo que arrojaría un costo por kW-bruto de US$3,330, en dólares de septiembre del 2013, 35% más elevado que el contratado para Punta Catalina.

Estamos conscientes que el Informe de la Comisión Investigadora representó un golpe devastador para los críticos y opositores de Punta Catalina, del cual no han podido recuperarse. Sugerimos a las bocinas repetidoras en la prensa y en las redes sociales de críticas y ataques a un proyecto que organismos multilaterales y bancos de inversión como Goldman Sachs han definido como una decisión que contribuye a reducir el déficit del sector eléctrico y mejorar la competitividad de nuestra economía que, antes de repetir y difundir cualquier cosa que les llegue, por respeto a sus lectores y receptores de mails, mensajes y tuits, lean con cuidado y verifiquen bien lo que reciben. Así evitarán ser injustamente enrolados en el ejército de mitómanos al servicio de grupos que, a partir del 2019, dejarán de facturar más de US$525 millones al año.

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