La complejidad del quehacer político genera demandas o interpretaciones de la realidad inimaginables. Algunos reclamos podrían inocular en el ánimo de los extranjeros, o de los despistados, la impresión de estar en una nación a punto del colapso. Para otros el grave problema de la inmigración ilegal masiva de haitianos nos empuja al borde de un abismo inevitable e inminente. Pero lo más sorprendente es la demanda de la renuncia del Presidente de la República y la convocatoria a elecciones anticipadas. Lo curioso es que entre los firmantes hay abogados duchos en materia constitucional, políticos y líderes de opinión muy versados en esos asuntos.
La cuestión es que si por cualquier causa el presidente llegara a renunciar, la Constitución, que los demandantes tanto invocan, establece el método de sustitución no sólo del jefe del Poder Ejecutivo, sino también del vicepresidente, cargo que quedaría vacío en ausencia del primero. No habría pues necesidad de elecciones extraordinarias, a menos que la situación generara en un caos generalizado y ellas se hicieran imprescindibles para la instalación de una nueva autoridad capaz de garantizar la vuelta al orden y la institucionalidad. Esto lo saben todos los reclamantes. Y he afirmado que muchos también dentro del ámbito oficialista, porque tal remota e improbable posibilidad sería un camino seguro para el regreso al poder de quien no posee otra oportunidad de lograrlo.
Así pues, si el presidente fuera forzado a renunciar, la vicepresidente asumiría el cargo y en 30 días, según el artículo 130 de la Constitución, deberá llenarse el vacío que el caso dejara. ¿Y a quien cree la oposición o los demandantes que se escogería? Nadie es tonto para pensar que un Congreso de mayoría PLD no elegiría a quien presionaría por otra renuncia inmediata. Hay que ser muy ingenuo para ignorarlo.
