Durante la sesión de la Constituyente, Iris Varela, exministra de Servicio Penitenciario y una de las 545 miembros de este organismo, expresó que no se puede permitir que queden sin castigo los “traidores”.

CARACAS — La Asamblea Constituyente de Venezuela, integrada por partidarios del gobierno, aprobó el martes enjuiciar por “traición a la patria” a los opositores que presuntamente promovieron las sanciones económicas que recientemente impuso Washington y acentuaron la tensión política en el país.

El decreto además repudió las sanciones estadounidenses y delineó las acciones que debe seguir los distintos órganos del Estado en respuesta a esas medidas. También se pidió castigos para aquellos que soliciten a Estados Unidos una acción militar.

Horas antes, el diputado opositor Julio Borges desestimó las amenazas y afirmó que no cederá ante las amenazas. Asimismo, exigió al mandatario Nicolás Maduro que asuma su responsabilidad por llevar a Venezuela a la «peor crisis de la historia».

En conferencia de prensa, Borges descartó que la oposición tenga algo que ver con la agudización de la crisis económica, y sostuvo que «el único culpable es Maduro».

Tras el anuncio de las sanciones, Maduro acusó a la oposición de promover esas medidas y exigió al Tribunal Supremo de Justicia y a la Constituyente que inicien procesos por «traición a la patria» contra los que apoyaron esas acciones.

El mandatario mencionó a Borges como una de las figuras que estaba detrás de las medidas. A los cuestionamientos se sumó la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, que aseguró que sería determinada la responsabilidad de Borges y otras personas en ese caso.

Durante la sesión de la Constituyente, Iris Varela, exministra de Servicio Penitenciario y una de las 545 miembros de este organismo, expresó que no se puede permitir que queden sin castigo los “traidores” que pretenden aprovechar “la jugada del imperio” para llevarse una tajada de las riquezas venezolanas.

En el decreto además se solicitó a los órganos competentes, entre ellos la Fiscalía General, el inicio inmediato de las «investigaciones y procesos» para determinar la responsabilidad y castigos correspondientes de los supuestos promotores locales de las sanciones.

«Los que hoy llaman a traición a la patria no nos queda alternativa que tratarlos como enemigos en su propio suelo», dijo Diosdado Cabello, el poderoso líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, sin dar otros detalles, luego de la lectura del decreto.

Las nuevas sanciones acordadas por Estados Unidos prohíben transacciones en bonos emitidos por el gobierno venezolano y la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). También impiden operaciones con ciertos bonos en poder del sector público y el pago de dividendos al gobierno por parte de Citgo, la filial estadounidense de PDVSA.

Interrogado sobre si se consideraba un «traidor a la patria», el dirigente opositor expresó que lo que hacen los diputados es «defender la libertad en Venezuela, los derechos humanos, la democracia».

«Yo creo que traición a la patria es robarse el dinero de los venezolanos», acotó.

Borges envió este año más de una docena de misivas a bancos internacionales advirtiéndoles sobre el riesgo que enfrentaría su reputación si ayudaban al gobierno de Maduro con financiamientos y adquisiciones de bonos.

Desde marzo, el presidente del Congreso y otros dirigentes opositores impulsaron una serie de protestas antigubernamentales que se extendieron por cuatro meses y que dejaron al menos 123 muertos, casi 2.000 heridos y unos 1.000 detenidos.

La oposición emprendió las acciones de protesta tras dos sentencias que dictó el Tribunal Supremo de Justicia en las que limitó la inmunidad de los diputados y asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Aunque las sentencias fueron revertidas, la crisis política que desataron aún persiste.

La Constituyente aprobó este mes un decreto en el que asumió las competencias legislativas del Congreso.

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