Sangre sobre el asfalto (2 de 3)

La teoría del caos vaticina que al colocar un huevo en la cúspide de una pirámide nunca sabremos de qué lado caerá. Ese pasmoso enigma sobreviene cada día, con puntualidad, en una calle cualquiera de La Vega o La Romana o San Francisco de Macorís.
De repente, aflorará un cardumen de tenebrosas motocicletas, y (no lo intente: será inútil) ni usted ni nadie supondrá jamás los planes, como tampoco podrá anticipar la trayectoria de esos artefactos. (Mantenga la calma ante aquel desahogo de iletrado bullicio cerril). Preste atención: quienes manejan los cacharros no traen cascos protectores y carecen, casi siempre, de licencia para conducir y de póliza contra accidentes. Muchas veces los desvencijados aparatos caminan sin placas de registro. En escenas de alocada temeridad, asimismo, podrá advertir el regocijo de una íntegra familia a lomos del biciclo: el hombre, la compañera y un amasijo de tres o cuatro párvulos. Descubra, en aquel instante, la indecible estética del caos: delineada por ese brusco alboroto mecanizado que serpentea incesante en la maraña de nuestras poblaciones.

Con toda seriedad, pregúntese: ¿Disponemos de eficacia y de musculatura institucional para organizar, reglamentar y controlar (en una palabra: gestionar) el movimiento browniano de 2.1 millones de motocicletas que hacen de las suyas en la cotidianidad de nuestro territorio?

El precio del caos

La economía del transporte calcula de diferentes formas el monto de los accidentes de tránsito. El Banco Mundial, por ejemplo, ha sugerido que el costo medio global de cada fatalidad se compute como 60 veces el PNB per cápita anual del país. El valor aplicable a la República Dominicana sería, en el 2013, de US$346,200 por cada defunción (PNB de US$60,000 millones, población de 10.4 millones y PNB per cápita de US$5,770). Con este razonamiento, las muertes propiciadas por el estrago de las motocicletas le representaron a la economía nacional, en ese año, unos US$665 millones. En otras palabras, el 1.1% de nuestro PNB, digamos, la mitad de todos los costos por accidentes de tránsito sufragados en el 2013 (US$1,300 millones, como dijimos, equivalentes a 2.2% del PNB).

Pero tales cargas no sólo afectan a la economía nacional. Al mermar nuestra liquidez, al obligarnos a indemnizar de un modo u otro a las víctimas de los accidentes (gastos de transporte, hospitalización, seguros, pensiones, sustitución de activos, etc.) reducimos también nuestra capacidad de compra al mundo industrializado. Con los recursos que se disipan al subsanar el daño material debido a los percances del tránsito (que no el destrozo emocional, ni la pérdida de recursos humanos), podríamos adquirir más bienes de capital para la industria, equipar más hospitales, abastecer más escuelas y mejorar nuestra infraestructura básica de producción y servicios.

Los accidentes de tránsito representan, en síntesis, un agujero por el que se nos escapan cada año, hacia la nada, algo más de 3,000 seres humanos y unos 1,300 millones de dólares.

¿Por dónde vamos?

Es irrefutable el avance logrado durante los últimos 30 años en nuestro sistema de carreteras. El territorio nacional está conectado por una amplia red vial que nace en Santo Domingo y toca los puntos más remotos del país. En general, salvo algunos tramos en proceso de construcción y/o mejoramiento, las condiciones funcionales y estructurales del sistema troncal de carretera resultan satisfactorias.

El conjunto de vías secundarias adolece aún de localizadas imperfecciones e inconvenientes. Se precisa mejorar el aspecto geométrico, las condiciones estructurales y los dispositivos de seguridad de algunas de estas vías de carácter local, que en la actualidad alcanzan volúmenes de tránsito cercanos a 7,000 vehículos diarios. Las carreteras de montaña, con pendientes altas y diseño geométrico para velocidades reducidas, exigen una mayor concentración de obras de protección, señales y elementos complementarios que garanticen la seguridad del flujo de vehículos. En general, mediante un esfuerzo institucional razonable, las carreteras del país podrían garantizar niveles de accidentalidad similares a los que prevalecen hoy día en las naciones del primer mundo.

La vialidad urbana merece un enfoque especial. En el Distrito Nacional, con 104.4 kilómetros cuadrados y 1.02 millones de habitantes, se movilizaban en el 2016 unos 817,000 vehículos de transporte (463,000 unidades, sumados automóviles, autobuses y jeeps; al mismo tiempo que 354,000 motocicletas). Con una dotación de 0.82 unidades de transporte por habitante, las congestiones son prolongadas en la zona del Polígono Central, que agrupa los centros residenciales de altos ingresos, la banca, los principales establecimientos de comercio y gran parte de los hoteles de la capital dominicana.

La construcción de intersecciones a desnivel en las avenidas 27 de Febrero y John F. Kennedy mejoró de manera visible el flujo de las unidades individuales de transporte en la ciudad capital.
Desde otra perspectiva, la transportación masiva de pasajeros fue proyectada mediante un sistema de tren subterráneo que comunica hoy la capital dominicana con la demarcación de Santo Domingo Norte. Avanzan en la actualidad los trabajos de ampliación de las líneas que unirán el Distrito Nacional con las zonas este y oeste de la provincia de Santo Domingo.

Aunque la demanda potencial del sistema de transporte masivo se estima entre 2.3 y 2.7 millones de plazas diarias, para alcanzar esta meta sería preciso habilitar un sistema de rutas alimentadoras con capacidad para efectuar el acopio de pasajeros en los puntos de conexión del sistema. En la actualidad, el tren subterráneo provee facilidades diarias de transporte por debajo de 15% de la demanda latente en la ciudad capital y sus comunidades satélites.

El caos, con todo, persiste en la superficie urbana: prevalece y reclama su trágica contribución en las calles antiguas y modernas de este solar ya cinco veces centenario.

Un camino posible

De repente brotan signos auspiciosos. Uno de ellos: se crea hace pocos días el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que dirigirá el “sistema de transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana”. La compleja responsabilidad asignada a este nuevo organismo, no cabe duda, exigirá de un sostenido y potente esfuerzo colectivo. Estamos obligados a superar la crisis y a rescatar los deplorables índices que el ejercicio de nuestra transportación terrestre exhibe, de forma patética, en esta hora de optimismo.