En apenas dos semanas el país ha estado seriamente amenazado por dos huracanes que finalmente no le impactaron de manera directa, a diferencia de lo que aconteció en otras islas del Caribe. Sin embargo, aunque los huracanes Irma y María no entraron con toda su fuerza al territorio nacional, afectaron seriamente a comunidades del nordeste y norte del país. Lo más importante es que esta situación ha permitido poner a prueba la política de prevención de riesgo ante desastres y comprobar la capacidad de las instituciones llamadas a implementarlas.
Se debe reconocer la eficiencia con la que se han llevado a cabo los operativos de emergencia y la coordinación temprana entre las distintas instituciones gubernamentales que tienen que ver con estos temas. Es también una buena noticia el que la población tomara las precauciones de lugar para reducir los efectos dañinos de los huracanes. Esto permitió reducir la cantidad de víctimas mortales que fenómenos de esta naturaleza suelen ocasionar. En tal sentido, la República Dominicana, ubicada de la ruta de los huracanes, está dando pasos hacia la creación de una cultura de prevención y gestión de riesgo que hasta hace algunos años no existía.
El principal aprendizaje debe ser que nunca está de más tomar las medidas necesarias ante eventos de este tipo, aunque al final no toque suelo dominicano. En pocos días la región del Caribe ha presenciado una cantidad inusual de tormentas y huracanes, con magnitudes nunca antes vistas. Muchos indican que esto es producto del cambio climático. Por lo tanto, el país debe estar preparado para el incremento de estos fenómenos físicos potencialmente dañinos. Desde ya se tienen que dar pasos firmes hacia la reducción de los factores de vulnerabilidad, es decir, de aquellas condiciones físicas, sociales y económicas en que vive una parte importante de la población y que la exponen a mayores daños y pérdidas.
Después de Irma y María, cobran vital importancia las políticas públicas dirigidas a un efectivo ordenamiento territorial que impidan el crecimiento desordenado de las principales ciudades del país, sobre todo en las zonas de alto riesgo. Por otro lado, tiene que ser una prioridad el dotar de viviendas dignas a las familias más pobres. Recientemente la institución Ciudad Alternativa hizo pública una investigación denominada “Las marcas de la política habitacional”, donde precisamente habla sobre el déficit habitacional en la RD y la necesidad de que el derecho a la vivienda sea garantizado. Estos aspectos son esenciales para que el país avance hacia condiciones estructurales que permitan la gestión integral de riesgo ante desastres.
