Terminados los pactos de la educación y el eléctrico, nos toca abocarnos al pacto fiscal. Hay que reconocer el gran esfuerzo para llegar a un consenso en un tema difícil, estudiado y analizado mil veces, como el tema eléctrico, donde convergen múltiples intereses públicos y privados, que han evitado solucionar el tema en nuestro país y que inciden en el presupuesto de la nación, con los necesarios subsidios, resultado de que muchos usuarios no pagan el servicio.

Fruto del pacto logrado por la educación, miles de aulas han sido construidas en los últimos cinco años, se ha extendido la tanda y se ofrecen almuerzos y meriendas que alivian el presupuesto familiar. Ahora tenemos por delante utilizar los inmensos recursos destinados a la educación a la calidad.

No podemos aumentar salarios por huelgas, estos tienen que ser el resultado de profesores capaces y comprometidos, de lo contrario seguiremos ocupando los últimos lugares en las diferentes mediciones regionales y peor aún, nuestra capacidad de competir con países similares será cada vez más difícil.

El pacto fiscal es tarea difícil, que no sólo tendremos diferencias con las autoridades económicas, sino que también se generan puntos encontrados entre los propios sectores empresariales.

No faltarán artículos que critiquen las exenciones, otros que las defiendan y ambos con argumentos que pueden tener razón de ambos lados.

El tema del gasto y de la presión fiscal serán temas centrales. Muchos alegan que el país tiene una presión fiscal muy baja y si la vemos como promedio no dejan de tener razón. Sin embargo, el problema es más complejo, pues hay sectores que la presión llega a un treinta y tres por ciento y que aumentar más los impuestos simplemente los sacaría del mercado contra las importaciones, que muchas, fruto de tratados, no pagan arancel y provienen de países más eficientes que nosotros.

El tema de las importaciones libre de impuestos hasta doscientos dólares se ha convertido en un barril sin fondo, desvirtuando su intención original y que pronto la pérdida en ingresos para el Estado será mayor de diez mil millones de pesos, será otro tema a discutir.

Muchos se opondrán a nuevos impuestos con argumentos como que los mismos serán para importar vehículos de lujo sin impuestos, o para invertir mil doscientos millones en canastas y juguetes, que bien podrían invertirse en salud, infraestructura o en otra Barquita, una de las obras que personalmente he admirado más de este gobierno. A la vez, el tema del gasto será fundamental definirlo.

El ITBIS deberá ser universalizado para evitar la evasión que genera que unos productos paguen y otros no. Bien podríamos tener un ITBIS diferenciado para no afectar productos básicos y a la vez reducir la tasa del diez y ocho que resulta ser una de las mayores del área.

El tema del endeudamiento externo será central en la discusión de la reforma fiscal. Pedro Brache, presidente del Conep, decía, con razón, que mientras tengamos capacidad de pago no hay mayores problemas. Ernesto Selman se refería que sólo estamos detrás de Brasil en cuanto al por ciento que destinamos del presupuesto para el pago de la deuda.

Endeudarse no es malo, lo hacemos los empresarios, lo fundamental es para qué nos endeudamos. ¿Para inversiones de capital o para gastos corrientes? La reforma tendrá que tomar en cuenta el tope de endeudamiento para evitar destinar recursos en exceso al pago de la misma.

No estarán exentos los temas de la evasión y la corrupción. Ambos son de vital importancia, ambos afectan el desarrollo del país y constituyen un crimen con la población pobre del país.
Como país nos califican que sólo México es más corrupto que nosotros. Realmente no sé si los datos son ciertos o no. Pero mi pregunta fundamental es ¿dónde están las comisiones de veedores que con tanto acierto designó el gobierno desde el primer día? ¿Cuál es la responsabilidad de los que aceptaron esas importantes asignaciones? Porque definitivamente no todo puede ser achacado al gobierno, precisamente fueron designados como una ayuda para transparentar las operaciones de las diferentes instituciones del país que manejan recursos.

Recientemente, hemos leído por la prensa las acusaciones a los funcionarios de la OMSA, las cuales aún tienen que ser dilucidadas en la justicia, porque todos somos inocentes hasta prueba en contrario. Sin embargo, me hubiese gustado oír las opiniones de la comisión de veedores de esta institución, si es que existe y cómo actuaron frente a las denuncias que la prensa ha reportado. Porque un pacto fiscal tiene que tomar muy en cuenta cómo se gastan los recursos y qué destino se les da a los mismos.

De los tres pactos, el fiscal, es sin lugar a dudas el de mayor transcendencia. Pues el éxito de los dos anteriores, educación y energía, depende de este, como lo son salud, vivienda e infraestructura.

Nuestro deseo, como el del gobierno y la mayoría de los dominicanos es que el resultado, sea un instrumento de desarrollo que mitigue la pobreza, cree una estructura de impuestos más racional y nos relance como nación, para variar los índices en que fallamos y mejorar aún más en los que sobresalimos.

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