Cincuenta y un años continuos eligiendo autoridades. Medio siglo que no se pueden definir propiamente de “vida democrática”, sino como un extendido proceso de construcción institucional con altas y bajas, mediante el recurso del sufragio. Primero, un sufragio bajo las botas interventoras, como en 1966, y sucesivamente, hasta 1978, bajo la opresión de un gobierno de fuerza como los doce años de Balaguer. Después, hasta nuestros días, las manipulaciones, a veces con marcas del dinero de fuentes diversas, o simplemente, mediante la posición dominante de poder. De todas maneras, la sociedad se empeña en mejorar la calidad del voto, de las instituciones administradoras de los procesos electorales, y mediante la mejoría de las garantías ciudadanas, para que las elecciones sean limpias y libres. Un largo camino si se le mira desde el punto de vista de las actuales generaciones, o un apreciable período si se observa desde 1844 hasta nuestros días.
Cincuenta y un años de elecciones sucesivas, continuamos discutiendo las bases para que los resultados resulten legítimos y la competencia esté caracterizada por mayores márgenes de equidad. Justo ahora se trata de establecer un marco más específico de regulación de las actividades partidarias, más allá de la previsión general del artículo 216 en la Constitución. Pero los actores no logran ponerse de acuerdo, pues se pretende que simplemente haya un reflejo de la correlación de fuerzas dominante, lo que no se compadece con el espíritu de igualdad propio de la participación democrática.
Tampoco se aprecia una seria voluntad para renovar la ley electoral 275-97, pese a que en el Congreso Nacional está depositado un proyecto avalado por la Junta Central Electoral.
Ahora los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) plantean un aspecto crítico sobre el ejercicio del sufragio, el voto preferencial, que si bien recoge la previsión del artículo 208 de la Constitución, de que debe ser libre, directo y secreto, conlleva dificultades técnicas para su aplicación en el 2020, advertencia ya realizada por el presidente de la JCE. Se le ve como fuente cierta de potenciales dificultades para el conteo, al margen de la corrupción y manipulación del voto en que ha devenido, en perjuicio de la calidad del sufragio y de la representación popular.
